BARCELONA, 11 de diciembre.

El juez Josep Tomàs Salàs ha presentado este jueves su candidatura para liderar la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en el Parlament, destacando su compromiso con la imparcialidad política y la lealtad institucional.

Durante su intervención ante la comisión de Asuntos Institucionales (CAI), Salàs enfatizó su deseo de fortalecer la OAC mediante un enfoque continuista, al tiempo que busca modernizarla a través de avances funcionales y tecnológicos.

El magistrado subrayó que la OAC debe centrarse en la prevención y protección de los denunciantes, afirmando que, aunque las investigaciones son cruciales, la capacidad de prevenir y cuidar a los alertadores es una responsabilidad exclusiva de la Oficina. "Si la OAC no cumple con esta función, nadie más está obligado a hacerlo", afirmó.

Salàs hizo hincapié en la importancia de establecer una normativa específica para proteger a quienes denuncian irregularidades, a fin de ofrecer medidas de apoyo más concretas y efectivas.

Asimismo, subrayó la creciente demanda social por una mayor lucha contra la corrupción y propuso fomentar una relación más estrecha con entidades locales y universidades.

"La OAC debe continuar fortaleciendo su red con organismos catalanes, estatales e internacionales que luchan contra la corrupción. Con humildad, podemos decir que somos un modelo a seguir", agregó Salàs.

Propuesto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Salàs asumirá la dirección de la OAC si obtiene la aprobación del Parlament, ocupando el cargo que dejó Miguel Ángel Gimeno tras finalizar su mandato en septiembre.

No obstante, partidos como Junts, PP, Vox y la CUP han expresado su descontento con la designación de Salàs, argumentando que no hubo un "consenso" adecuado entre los grupos parlamentarios.

El juez reconoció las objeciones de los distintos partidos, pero defendió el proceso como legal y anunció su disposición a comparecer ante la Cámara tantas veces como sea necesario.

La diputada de Junts, Glòria Freixa, criticó que el Govern no considerara a su partido en esta selección y propuso que el nombramiento se posponga hasta alcanzar un consenso político previo.

En una línea similar, el portavoz del PP, Juan Fernández, lamentó la falta de acuerdo, aunque reiteró su intención de colaborar constructivamente, elogiando la carrera profesional de Salàs.

Joan Garriga de Vox también criticó al PSC por actuar sin consultar a los otros grupos, indicando que esto es un comportamiento habitual que fomenta divisiones antidemocráticas.

Desde la CUP, Dani Cornellà abogó por una revisión de la ley de la OAC, sugiriendo que la elección del director debe ser realizada por un panel de expertos independientes, en lugar de ser decidida a dedo.

En contraste, Ivana Martínez del PSC destacó la relevancia del tema de los alertadores que ha planteado Salàs, instando a un consenso para implementar la ley que asegure su protección.

Marta Vilalta de ERC solicitó a Salàs que su supuesta neutralidad no se traduzca en inacción o en evitar la controversia, ya que esto es crucial para ganar la confianza y asegurar la transparencia de la institución.

Desde los Comuns, Lluís Mijoler afirmó que la OAC debe ser un modelo de imparcialidad, garantizando que sus investigaciones se basen en criterios técnicos y jurídicos, libres de influencias políticas o personales.

Por último, cabe destacar que ninguna de las diputadas de Aliança Catalana asistió a la comisión.