Alerta Solidaria, organismo que desempeña el papel de acusación particular en el caso, ha anunciado su intención de interponer un recurso tras la reciente decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell, en la provincia de Barcelona, de sobreseer de manera provisional la causa que investigaba a once guardias civiles. Esta investigación se centraba en supuestos delitos de detención ilegal, amenazas, coacciones y torturas hacia un miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR) durante la 'Operación Judas'.

Según el auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza ha dictaminado el archivo de las actuaciones debido a la falta de indicios racionales suficientes que justifiquen los delitos investigados. La magistrada ha considerado necesario evitar una prolongación innecesaria de la fase sumarial y proteger a los investigados, quienes no han sido llamados a declarar en este proceso.

Los incidentes que forman el objeto de la investigación transcurrieron entre el 23 y 25 de septiembre de 2019, cuando, bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se realizaron detenciones de nueve individuos, acusados formalmente de varios delitos, incluidos terrorismo, rebelión y posesión de explosivos en la región de Barcelona.

Uno de los detenidos ha manifestado que su arresto se llevó a cabo sin la posibilidad de contar con la asistencia de un abogado, y ha denunciado que, durante el traslado en vehículo hasta Tres Cantos (Madrid), se vio obligado a permanecer en una postura incómoda, rodeado de dos agentes encapuchados. Este testimonio incluye la afirmación de que temió por su integridad, especialmente en lo que respecta a la posible administración de sustancias narcóticas.

No obstante, la jueza ha señalado que, con base en las diligencias realizadas, no se han hallado pruebas contundentes que sostengan las alegaciones de tortura y amenazas. En este sentido, se ha indicado que en la declaración judicial del querellante no se ofrecieron detalles concretos sobre los supuestos abusos y que su descripción careció de claridad sobre el modo en que habrían acontecido las mencionadas agresiones.

Asimismo, la declaración de los padres del querellante, quienes estaban presentes durante la entrada y registro, no corroboró ninguna actividad delictiva, habiendo, además, una letrada de la administración de justicia presente en el lugar de los hechos.

Alerta Solidaria ha manifestado su indignación, calificando lo sucedido como un "boicot" tras más de cuatro años de una instrucción que consideran deficiente. Afirman que la magistrada había desestimado una parte significativa de la querella, argumentando que los incidentes no ocurrieron en su jurisdicción. Posteriormente, la Audiencia de Barcelona criticó esta decisión, instando a que se aceptara completamente la querella y se realizasen las diligencias mínimas necesarias, como la citación de los agentes implicados.

La organización también ha expresado su desaprobación hacia la actuación de la jueza, quien el 18 de junio solicitó a las partes que se pronunciaran sobre si los guardias civiles debían recibir amnistía. Quince días después, la magistrada determinó que no se iría a pronunciar sobre la amnistía, ya que estaba a la espera de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo cual Alerta Solidaria niega como válido.

Alerta Solidaria define esta actuación judicial como un "subterfugio", insinuando que se está utilizando como un mecanismo para archivar de nuevo el caso bajo el pretexto de la amnistía, a la espera de que la Audiencia de Barcelona pueda rectificar su postura en favor del recurso presentado por esta entidad, tal como ya ocurrió con la admisión de la querella.

Por último, en un comunicado emitido el miércoles, Alerta Solidaria ha hecho hincapié en que la falta de acción judicial en el Estado español respecto al maltrato en comisarías, traslados y prisiones ha motivado reiteradas condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, subrayando que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es un destacado ejemplo de esta preocupante situación. La organización ha confirmado su intención de recurrir esta decisión judicial en los próximos días.