• martes 29 de noviembre del 2022

La ACCO piensa que el decreto para regular los VTC es opuesto a la rivalidad

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Cree que la regla persiste en la "ineficiencia regulatoria"

BARCELONA, 19 Jul.

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) piensa que el decreto ley de medidas urgentes en temas de alquiler de automóviles con conductor, aprobado por el Govern el 5 de julio, es opuesto a la rivalidad y persiste en la ineficiencia regulatoria.

En un aviso este martes, el organismo cree que la regla, que se discutirá en el Parlament este miércoles por la tarde, establece requerimientos que no complacen los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación entre operadores.

Para la ACCO, las demandas que recopila el decreto ley para los automóviles con conductor "son medidas contrarias a la rivalidad que dañan a usuarios y a clientes".

Estas medidas son obligar a tener una longitud mínima de 4,9 metros, que los automóviles hayan efectuado un mínimo de cien servicios a lo largo del último año, la necesidad de una precontratación de 15 minutos y la prohibición de la geolocalización de los automóviles

Advierte de que el decreto ley puede ocasionar una importante reducción de la oferta de operadores de VTC en el ámbito urbano, y que resulta opuesto a la rivalidad por el hecho de que daña a usuarios y individuos por el hecho de que van a ver achicada su independencia de decisión.

En el informe de regulación asimismo se pone de relieve dado que el decreto ley es opuesto a las sugerencias de la Comisión Europea (CE) en su 'Comunicación sobre un transporte local de usuarios bajo demanda que ande adecuadamente y sea sostenible (taxis y VTC)' (2022/C 62/01), de febrero de 2022, singularmente respecto a las dimensiones de los automóviles y la prohibición de la geolocalización, entre otros muchos.

Asimismo, en concepto de legalidad se estima que hay peligros de que las previsiones del decreto ley resulten contrarias a la independencia de lugar consagrada en producto 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La ACCO cree que la actuación de los poderes públicos, con aptitud normativa, debería favorecer un ambiente de mercado que posibilitara el avance de la actividad, reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los distintos operadores.

Así, arguye, las restricciones legales para operar (entendidas como barreras en la entrada o requisitos de ejercicio) tienen que respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y de mínima distorsión, según con las demandas de la política de 'better regulation'.

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