La Audiencia de Barcelona ha tomado una decisión crucial al archivar la causa relacionada con la supuesta trama rusa vinculada al proceso independentista catalán. Esta resolución se ha pronunciado en un contexto donde el juez Joaquín Aguirre se encuentra bajo la lupa por la responsabilidad que conlleva prolongar una investigación que ya ha sido objeto de resoluciones favorables en instancias anteriores.

Según el auto emitido por la sección 21 de la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Press, se considera que la insistencia del juez Aguirre en continuar con la investigación representa lo que se califica como un "fraude de ley". Esta advertencia no es ligera, ya que implica que el juez está ignorando decisiones previas de la propia Audiencia que indicaban el sobreseimiento de las diligencias en cuestión.

La decisión incorpora un recurso presentado por la Fiscalía, así como por varios de los investigados, que incluye nombres significativos como el expresidente Artur Mas y el hemiciclo de la política catalana, representado por personajes como Josep Lluís Alay, quien fue jefe de la oficina de Puigdemont, y Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, entre otros.

Además, la Audiencia ha decidido remitir esta resolución al Tribunal Supremo, lo que indica la seriedad de la situación que enfrenta el juez Aguirre y los investigados aforados, como es el caso de Carles Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

En su dictamen, el tribunal establece que es imperativo que el instructor cumpla de manera estricta lo ordenado en su auto 1057/24, de fecha 29 de mayo de 2024. Esta instrucción debe llevarse a cabo sin ninguna dilación en la pieza separada 2, resaltando que el cumplimiento de estas directrices es fundamental para el avance de un procedimiento que ya se ha hecho excesivamente largo.

Asimismo, la Sala expresa su confianza en que el juez actuará conforme a lo indicado, evitando recurrir a “soluciones alternativas procesales”, a las que el tribunal se opone de manera rotunda, ya que podrían derivar en más retrasos innecesarios en este largo proceso judicial.

Finalmente, el tribunal lanza una advertencia clara al instructor: persistir en una actuación que desoiga lo ordenado podría acarrear consecuencias significativas en términos de responsabilidad legal. En este sentido, se le insta a aplicar la decisión del tribunal sin excusas, evadiendo cualquier intento de plantear soluciones que no estén debidamente contempladas en las leyes, puesto que tal acción equivaldría a burlarse de la decisión judicial, lo que se traduce nuevamente en un fraude de ley.