Crónica Cataluña.

Crónica Cataluña.

La Fiscalía de Barcelona afirma que el coste de un juicio con jurado de 6.000 euros "merece la pena"

La Fiscalía de Barcelona afirma que el coste de un juicio con jurado de 6.000 euros

Aproximadamente la mitad de los juicios con tribunal popular se resuelven mediante acuerdos entre la acusación y la defensa.

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS)

La fiscal coordinadora del servicio de Jurado en la provincia de Barcelona, Elena Contreras, defiende que un juicio con jurado vale la pena a pesar de su elevado coste.

Contreras hizo este comentario al presentar la memoria de la Fiscalía provincial de 2022. Según sus cálculos, un juicio con jurado tiene un coste medio de 6.000 euros. Esta cifra se basa en un cálculo promedio de cinco días de juicio, aunque algunos casos se prolongan durante semanas. Durante este periodo, los nueve miembros del tribunal popular, incluidos los suplentes, son remunerados por su trabajo para la administración de justicia.

Este coste se suma a los salarios de los jueces, fiscales y abogados, que también participan en estos juicios, y también hay que tener en cuenta el coste de la comida para el jurado en los días en que el juicio se celebra en turno de mañana y tarde. Además, durante el periodo de deliberación, los miembros del jurado requieren alojamiento, ya que deben permanecer incomunicados. Una vez que el juicio termina, el tribunal popular se encierra para responder una serie de preguntas que determinarán si el acusado es culpable o inocente.

En el cálculo del coste total también se incluyen los gastos de estacionamiento y transporte, ya que los juicios con tribunal popular se llevan a cabo en la Audiencia Provincial y los miembros del jurado pueden provenir de cualquier parte de la provincia. También se consideran otros gastos que puedan surgir durante el procedimiento y que se pagan a los miembros del tribunal popular.

"Es cierto que es mucho dinero, no solo en Barcelona, sino en toda España. Sin embargo, hay cosas que valen la pena, y creo que el sistema de jurado aporta valor", afirmó Contreras. También destacó que la provincia de Barcelona cuenta con un servicio de Fiscalía especializado en juicios con tribunal popular, algo que no ocurre en la mayoría de las fiscalías provinciales del resto de España.

La ley que regula los juicios con tribunal popular en España establece qué delitos deben someterse a la deliberación del jurado. Entre ellos se encuentran el asesinato, el homicidio, las amenazas, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, la infidelidad en la custodia de documentos, algunos delitos relacionados con la corrupción, como el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación; así como los fraudes y las exacciones ilegales.

En los casos en que se presenten varios delitos y no todos estén incluidos en la lista anterior, existen reglas que determinan si el caso será juzgado por un jurado o por un tribunal de magistrados. Según Contreras, es desproporcionado que el jurado sea responsable de delitos de menor gravedad, como el allanamiento, las amenazas condicionales y la omisión del deber de socorro, en comparación con otros delitos como el homicidio.

En la práctica, muchos de los casos relacionados con estos delitos no llegan a juicio porque la acusación y la defensa suelen llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el 90% de los casos de allanamiento en 2022 se resolvieron mediante un pacto. Esto implica que el juicio se cancela o se reduce considerablemente, lo que reduce los costes.

En los casos en que el acusado se enfrenta a una pena inferior a seis años, la Fiscalía de Barcelona siempre intenta llegar a un acuerdo con la defensa. Estos acuerdos permiten a la acusación obtener una condena y al acusado obtener una reducción de la pena a cambio de una confesión.

Este protocolo se implementó para evitar la saturación en la administración de justicia y la falta de salas para estos juicios cada vez más numerosos. Actualmente, Barcelona cuenta con dos salas para juicios con jurado, que requieren más espacio debido a la participación de más personas. En ocasiones, se habilitan otras salas adicionales, lo que afecta al espacio habitual para los juicios penales.

En los últimos años, los acuerdos de conformidad han representado aproximadamente la mitad de los casos de juicios con jurado que se han llevado a cabo. En 2022, hubo 69 juicios y 32 de ellos consistieron únicamente en ratificar los acuerdos previamente negociados entre la acusación y la defensa.

Contreras reconoce que, en estos acuerdos, las víctimas a menudo son olvidadas. No participan en el proceso y el acuerdo resulta en una considerable reducción de la condena para el agresor.

Una alternativa a estos acuerdos es la mediación, en la que la víctima sí participa. Sin embargo, esta opción se utiliza mucho menos. Desde 2018, se han llevado a cabo solo cinco mediaciones en el servicio de jurado de la provincia.