La Fiscalía solicita al instructor del 'procés', Pablo Llarena, que active las órdenes de detención europeas contra Carles Puigdemont y Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica y se pueda continuar el proceso penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esta solicitud se produce luego de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara la inmunidad de ambos eurodiputados, lo que permite al Tribunal Supremo reactivar las euroórdenes.
Los fiscales del 'procés' argumentan que, a pesar de que el fallo del TGUE puede ser recurrido, esto no tiene un efecto suspensivo. Dado que ambos acusados están huidos de la justicia y en rebeldía, consideran procedente emitir nuevas órdenes de detención internacionales y europeas contra ellos.
La Fiscalía también argumenta que se deben acordar las órdenes de entrega y detención europeas por si fuera necesario tramitar una solicitud de extradición. Las anteriores órdenes estaban vigentes hasta enero pasado, cuando Llarena las dejó sin efecto tras revisar el procesamiento de los huidos del 'procés'.
En cuanto a Carles Puigdemont y Toni Comín, se sustituyó el cargo de sedición por desobediencia y se mantuvo la acusación de malversación agravada. La acusación de malversación conlleva una pena de prisión de entre 6 y 12 años debido a la elevada cantidad de fondos malversados.
El magistrado Llarena esperaba resolver dos cuestiones clave antes de tomar una nueva decisión sobre las órdenes de detención europeas. La primera era la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que Llarena planteó sobre el alcance de las euroórdenes. El TJUE estableció que las autoridades judiciales que reciban las órdenes no pueden negarse a ejecutarlas basándose en presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.
La segunda cuestión era el fallo del TGUE sobre la inmunidad de los eurodiputados. Sin embargo, las fuentes jurídicas advierten que las resoluciones de los tribunales europeos no implican una entrega inmediata de Puigdemont y Comín. La defensa podría solicitar como medida cautelar que se les devuelva la inmunidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. Además, los jueces belgas tienen que acordar la detención y entrega de los acusados, lo que podría generar nuevas dilaciones.
La ex consejera Clara Ponsatí no puede ser objeto de una nueva euroorden debido a que fue procesada únicamente por desobediencia, un delito sin pena de cárcel. En el caso de Lluís Puig, el fallo del TGUE no es relevante ya que no es eurodiputado, por lo que queda pendiente lo que el magistrado Llarena acuerde para él en cuanto a las órdenes de detención europeas.