El de hoy es de 1993 y desea que el nuevo planifique la oferta con la red pública

BARCELONA, 22 Feb.

La Fundació Bofill ha pedido que se apruebe un nuevo decreto de recitales a fin de que se logre utilizar en el próximo intérvalo de tiempo de preinscripción para el curso 2024-2025, y ha considerado indispensable actualizarlo para batallar la segregación escolar.

En una rueda de prensa telemática este miércoles, el directivo de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, aseguró que a la fundación le preocupa que el nuevo decreto de recitales esté a su juicio parado desde 2020 y ve "peligro de perder un nuevo tren" si no se aprueba lo antes posible, puesto que el presente es de 1993.

En un dossier elaborado por la fundación, se informa de que "terminar la legislatura de hoy sin un nuevo decreto acentuará las diferencias de composición entre redes y en el ámbito concertado".

Según ha apuntado la fundación, indagaciones de todo el mundo demostraron que los modelos de provisión mezclada, como el catalán, "tienden a acrecentar las desigualdades y la segregación escolar", y que de ahí que necesitan una regulación clara y eficiente para reducirlas o compensarlas.

Ha insistido en que el boceto del decreto de recitales pendiente de aprobación "deja seguir en esta dirección en puntos singularmente claves", como la obligación de escolarizar alumnado vulnerable, el control sobre el cobro de cuotas y la planificación de la oferta en conjunto con la red pública.

El organismo vió preciso que la Conselleria de Educación regule el desempeño y "constituya criterios de resolución de las Mesas de Planificación Locales, a fin de que aseguren bastante oferta pública, eviten la sobreoferta didáctica y prioricen la programación de plazas institucionales en centros académicos distintos socialmente, dado el contexto de hoy de sobreoferta didáctica".

La fundación ha apuntado a que el 44% de las concertadas aplicaron una reducción de ratio a 20 estudiantes por conjunto en P3 en la pasada preinscripción, igual que la escuela pública "pese a no tener la obligación normativa de desplegarla"; y que el otro 56% de los centros concertados no adoptó esta medida demandada por la Conselleria o lo logró de manera parcial --con ratios superiores a 20--.

En este sentido, se aseguró que la implementación facultativa de la reducción en el campo concertado "complicó la restricción de la sobreoferta de plazas, amenazante para la segregación escolar, y patentizó las disconformidades en el campo concertado".

Además, se informó de que 2 de cada diez plazas en la concertada han quedado vacantes en la pasada preinscripción, hecho que provocó "sobreoferta en internet escolar y disfunciones en la distribución del alumnado"; y que la reserva de plazas para alumnado vulnerable socioeconómicamente fue menos eficaz en la concertada, con un diez% de alumnado reconocido en oposición al 21% en la pública.

El ente asimismo explicó que el 69% de las academias concertadas con altas tasas de alumnado extranjero redujeron la ratio por conjunto a 20, igual que la pública, y que en cambio el 35% de los centros no corresponsables lo logró, comprobando que "esos con un menor volumen de alumnado extranjero son asimismo los que menos esfuerzo hicieron para cambiar las ratios".

La fundación ha defendido la necesidad de prosperar la financiación del grupo del sistema educativo pero no de manera lineal, de forma que se adopte una "fórmula que garantice una provisión asimétrica de los elementos libre dependiendo de la dificultad y las pretensiones de los centros".

Según el directivo de la Fundació Bofill, los centros concertados que "verdaderamente están escolarizando estudiantes pobres y también inmigrantes resulta que están consiguiendo prácticamente exactamente el mismo acompañamiento económico que otros centros que no son corresponsables y se están desvinculando de esta política pública".

"Poseemos un sistema de financiación que estimula la desresponsabilización", con lo que el ente ha instado a que se modifique el sistema de financiación lineal de hoy y que se optimize la equivalencia entre los centros académicos y se incentive la corresponsabilidad en la escolarización de alumnado vulnerable.