La Generalitat de Cataluña ha aprobado una nueva regulación de viviendas turísticas que requerirá a los propietarios solicitar una licencia previa en un plazo de cinco años a los Ayuntamientos para poder operar con uso turístico. El objetivo de esta medida es evitar problemas de acceso a la vivienda y preservar el equilibrio del entorno urbanístico en la región.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, han explicado en una rueda de prensa que los ayuntamientos deberán modificar su plan urbanístico para admitir explícitamente la opción de alojamientos turísticos, siempre y cuando tengan suficiente suelo para vivienda permanente.
Capella ha señalado que el auge de los pisos turísticos ha contribuido a la disminución de alojamientos permanentes disponibles, por lo que era necesario regular el sector. Además, ha subrayado que el Govern tiene la responsabilidad de tomar medidas urgentes para prevenir problemas de convivencia y gentrificación.
En cuanto a las viviendas que ya están destinadas a usos turísticos, los propietarios tendrán que solicitar una licencia, válida por cinco años y renovable, y en caso de que el ayuntamiento no la otorgue, deberán cesar su actividad en un plazo de cinco años. También se permitirá una prórroga de cinco años si los propietarios demuestran que no pueden compensar las pérdidas debido a la pérdida de la licencia.
El incumplimiento de la normativa llevará a sanciones graves, aunque aún no se han detallado cuáles serán. Este cambio implica el paso de una simple declaración de responsabilidad a la necesidad de obtener una licencia previa urbanística para destinar una vivienda al uso turístico.
El decreto incluye una lista de 262 municipios en los que se aplicará esta nueva regulación. De ellos, 134 tienen problemas relacionados con el desequilibrio urbanístico y el resto presentan dificultades de acceso a la vivienda. Estos municipios cuentan actualmente con un total de 95,000 viviendas turísticas, y se espera que en cinco años esta cifra se ajuste de acuerdo al nuevo contexto.
Algunos municipios, como Barcelona, ya han comenzado a regular los pisos turísticos, y deberán adaptarse a esta nueva normativa a partir de la aprobación del decreto. Aquellos que quieran destinar parte del suelo al uso turístico deberán demostrar que cuentan con suficiente suelo destinado a uso residencial.
El Govern considera que existe un desequilibrio urbanístico cuando hay más de cinco viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, y permitirá a los ayuntamientos otorgar licencias para un máximo de 10 viviendas por cada 100 habitantes. Para obtener la licencia, las viviendas turísticas deberán estar censadas, contar con la cédula de habitabilidad, estar amuebladas y ser alquiladas en su totalidad.
En caso de que haya más pisos turísticos que el límite establecido, será responsabilidad del ayuntamiento decidir qué propietarios obtienen la licencia mediante un proceso de concurrencia competitiva. El Govern ha asegurado que ha trabajado durante meses en esta normativa y confía en que cumple con los requisitos de constitucionalidad y de derecho europeo.
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