Crónica Cataluña.

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La JEC concede a Espai CiU-PDeCAT los derechos electorales antes compartidos con Junts en 2019.

La JEC concede a Espai CiU-PDeCAT los derechos electorales antes compartidos con Junts en 2019.

La Junta Electoral Central (JEC) ha concedido a Espai CiU-PDeCAT la "integridad" de los derechos electorales que compartían con Junts como resultado de la coalición que formaron para las elecciones generales de 2019, según informa Europa Press.

Esta decisión de la JEC contradice la resolución previa de la Junta Electoral de Barcelona, que estableció que los derechos electorales debían repartirse al 50% entre ambas formaciones. Esta resolución fue recurrida por el PDeCAT.

Desde Espai CiU-PDeCAT argumentan que les corresponde el 100% de los derechos electorales "debido a que el acuerdo de coalición de 2019 incluía una cláusula de reserva de la totalidad de los derechos" para su partido.

Por su parte, Junts apoyaba el criterio de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ya que consideraban que "todos los candidatos eran de la coalición electoral y no de los partidos que la conformaban". Por esta razón, creían que los derechos debían repartirse al 50% para cada uno.

La JEC considera que el acuerdo de coalición de 2019 era "claro y explícito" al establecer que los derechos electorales generados a partir de los resultados correspondían totalmente al PDeCAT. Por lo tanto, en las próximas elecciones equivalentes, tanto si el PDeCAT se presenta en solitario como en coalición con otros partidos, le corresponderá el 100% de los derechos electorales obtenidos.

La resolución también reconoce el derecho de Espai CiU-PDeCAT a recibir la cantidad completa de la financiación electoral anticipada prevista en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) por los resultados electorales de 2019, mientras que se deniega a Junts de cara a las elecciones del 23 de julio.

Con esta resolución se agota la vía administrativa, aunque existe la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) en un plazo de dos meses.