• jueves 2 de febrero del 2023

Laura Borràs solicita que la juzgue un jurado por el supuesto estafa en la ILC

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Quiere proponer al TC que los tribunales populares enjuicien la prevaricación

BARCELONA, 1 Jul.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la causa por presunto estafa en su etapa como directiva de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la juzgue un jurado.

Según ha adelantado 'El Món' y consta en un recurso consultado por Europa Press, la defensa de Borràs ha recurrido el coche de procesamiento que el TSJC dictó hace solo un par de días contra ella y tres sospechosos mucho más.

Además de Borràs, en la situacion están enjuiciados su amigo Isaías H., en teoría favorecido con contratos menores de la ILC presuntamente fraudulentos; Andreu P., que en teoría participó en elaborar los capitales y facturas para estos contratos, y el técnico de la institución Roger Y también. por presuntamente hacer más simple los trámites.

El letrado de Borràs, Gonzalo Boye, manifiesta en el escrito que se ha vulnerado su derecho a un juez natural, o sea, al que por regla le correspondería, y arguye que habría de ser un tribunal habitual.

En este sentido, ten en cuenta que la ley del jurado establece la rivalidad de este género de tribunales en los delitos de malversación y estafa, de los que Borràs está acusada, y que asimismo se adjudican al tribunal del jurado los que estén vinculados a los de su rivalidad, con salvedad de la prevaricación, de la que asimismo está acusada Borràs.

Aun de esta forma, el letrado mantiene que "la salvedad del delito de prevaricación tiene poco o nulo fundamento constitucional" ya que la ley del jurado quiere que la ciudadanía participe en la administración de justicia y, aparentemente de la defensa, con esta restricción lo que hace es precisamente evitar que enjuicien un delito que implica a gobernantes, autoridades y jueces.

El escrito cuestiona que sea coincidente con el principio de igualdad frente a la ley "que quienes mucho más protección tienen --habitualmente aun aforamiento-- y quienes mucho más poder ostentan y ejercitan --gobernantes, autoridades y jueces-- tengan, además de esto, una segunda protección" al quedar fuera del enjuiciamiento habitual.

En exactamente el mismo sentido, ve "visible que quienes tienen la posibilidad de correr peligro de ser enjuiciados por los ciudadanos, en el desempeño de sus funcionalidades públicas, quisieron protegerse" de los tribunales populares con esta salvedad.

Por eso, el recurso de Borràs asimismo solicita proponer una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) sobre qué tribunal es competente para enjuiciar el delito de prevaricación.

En en el caso de que el TSJC no admita esta reclamación, Borràs solicita que se la juzgue separadamente: de un lado por prevaricación, y de otro con un jurado habitual por el resto de delitos que se le atribuyen.

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