Sostiene las órdenes de busca y atrapa nacionales dictadas contra el expresidente catalán y los exconsejeros Comín y Puig

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el ex- presidente catalán Carles Puigdemont pero lo sostiene por los delitos de desobediencia y malversación, al paso que dejó sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista.

Según informó el TS, el instructor del 'proces' cree que la derogación de la sedición expone un "contexto próximo a la despenalización" de los hechos investigados, al no cuadrar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

El magistrado deja sin efecto las euroórdenes recientes por sedición, pero sostiene las órdenes de busca y atrapa nacionales dictadas contra Puigdemont y los ex- consejeros Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia.

Además de esto, posterga la resolución de producir una exclusiva euroorden contra Puigdemont y los otros 2 acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial. Cabe rememorar que las euroórdenes ahora estaban en suspenso esperando de que se pronunciase la Justicia europea.

Sobre la situacion de la asesora general de ERC Marta Rovira y la exconsejera Clara Ponsatí, el delito por el que están procesadas pasa a ser el de desobediencia.

La resolución del magistrado Llarena tiene rincón una vez que este jueves entrara en vigor la reforma del Código Penal por la que se deroga el delito de sedición.

Frente esa derogación, por el que estaban procesados Puigdemont, Comín, Ponsatí y Rovira, el instructor comprende que los hechos de la causa relacionados con exactamente el mismo son subsumibles en este momento en un delito de desobediencia, puesto que cree que no encajan en el delito de desórdenes públicos, ni en su novedosa formulación ni en la vigente en el instante de los hechos.

De esta manera las cosas, el juez asegura que no debe alterarse sino más bien sostenerse el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por un delito de malversación de caudales públicos, al estimar que la reforma de tal delito no interfiere a los hechos investigados en el sentido de remover o minorar la pena sosprechada en la tipificación que el día de hoy se deroga.