Según informa el Congreso, un segundo informe de los letrados del Parlamento resalta las dudas de constitucionalidad que rodean a la Ley de Amnistía presentada por el PSOE y que actualmente está siendo tramitada en la Cámara.
El primer informe, realizado por el equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, ya había señalado ciertas dudas de constitucionalidad sobre la propuesta, que fue acordada con los partidos independentistas. Sin embargo, estas dudas no fueron consideradas lo suficientemente "palmarías" como para impedir su tramitación.
En esta ocasión, son las letradas de la Comisión de Justicia, quienes ocuparon el cargo de secretarias generales de la Cámara durante mandatos presididos por el Partido Popular, las que subrayan nuevamente estas dudas, aunque excluyen la posibilidad de que sean tan evidentes como para declarar su inconstitucionalidad, destacando que será el Tribunal Constitucional quien se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales.
En uno de los párrafos del informe, las letradas señalan una falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en relación a los delitos amnistiados como al plazo en el que fueron cometidos. Esto, señalan las letradas, no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular. Esta falta de claridad podría afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación uniforme de la ley.
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