Barcelona, 20 de diciembre. En un movimiento que refleja la creciente preocupación en torno a la protección de los derechos del colectivo LGTBI, los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, Comunes y CUP han presentado de manera conjunta una propuesta de ley destinada a reformar la legislación sobre derechos LGTBI, vigente desde 2014. Esta iniciativa busca actualizar y reforzar el compromiso de las administraciones en relación con la prevención y reparación de actos de discriminación y violencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por estas formaciones, la propuesta retoma una iniciativa de reforma que había sido planteada durante la legislatura anterior, la cual no logró obtener la aprobación necesaria. Además, incorpora las medidas que fueron acordadas en la ponencia de la norma, tras escuchar a diversas entidades que apoyan al colectivo y considerar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Una de las características más destacadas de esta reforma es la inclusión de alrededor de 50 nuevos artículos. Esto incluye la incorporación del término “lesbofobia” en el título de la ley, así como ajustes destinados a armonizar el régimen sancionador de la legislación catalana con la Ley por la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un aspecto que ha generado un amplio debate entre los legisladores.

Además, el texto legislativo propuesto tiene el propósito de clasificar como infracción muy grave el uso de terapias de conversión, medidas que buscan proteger la integridad del colectivo. También se contempla el fortalecimiento de la Red de Servicios de Atención LGTBI y se busca un mayor reconocimiento de las víctimas del movimiento LGBTI, a través de la creación de espacios de memoria y de iniciativas orientadas a visibilizar las luchas y las discriminaciones sufridas a lo largo de la historia por estas personas.

Los grupos firmantes han solicitado que la tramitación de esta reforma se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia, con la intención de que la norma sea aprobada durante el próximo periodo de sesiones parlamentarias, lo que significaría que se podría concretar antes del mes de agosto.