La administración pública ha alcanzado un avance notable en la recolección de documentación requerida a las empresas, ya que cuenta con el 70% de los documentos necesarios, según se ha dado a conocer recientemente. Este dato es parte de un estudio elaborado por la patronal Pimec que examina la carga burocrática que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Cataluña. La situación ha llevado a que estas pymes dediquen una media de 41,1 horas al mes a gestionar trámites con la administración, mientras que las respuestas a sus peticiones demoran, en promedio, 136 días.

En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, Antoni Cañete, presidente de Pimec, y Oriol Amat, presidente del Observatori de la Pime, desglosaron los hallazgos del informe titulado 'Burocracia y competitividad empresarial: Diagnóstico y propuestas'. Este estudio se centra en evaluar la efectividad y eficiencia de la administración pública, tanto en Cataluña como en el resto de España, haciendo especial énfasis en el impacto que la burocracia tiene sobre la competitividad de las pymes.

Las conclusiones del estudio, que se basa en encuestas realizadas a 700 empresas afiliadas a Pimec, revelan que las mayores dificultades que enfrentan las pymes son la carga burocrática excesiva, los prolongados plazos para el procesamiento de trámites, la falta de coordinación entre diferentes administraciones y la complejidad de las normas regulatorias vigentes.

Un dato alarmante es que el 85% de las empresas entrevistadas admitió tener problemas para mantenerse al día con la regulación, y un 48% se ha encontrado con obstáculos por la falta de coordinación entre administraciones. De este grupo, un 20% considera que las dificultades de coordinación constituyen un "obstáculo muy importante" para su operación diaria.

En cuanto a la financiación, las pymes enfrentan una espera promedio de 166 días para cobrar subvenciones tras recibir la resolución, y un abrumador 80% de ellas considera que los plazos para realizar trámites son "excesivos o muy largos". Esto ha llevado a Cañete a lamentar que el tiempo invertido en cumplir con estos procesos burocráticos equivale prácticamente a una jornada laboral semanal, haciendo un llamado a dejar atrás la repetición de palabras vacías y a pasar a actuaciones efectivas.

Cañete enfatizó que la burocracia no solo afecta la competitividad de las empresas, sino que también inhibe la innovación. Ilustró este punto con el caso de una empresa ubicada en el Baix Camp, Tarragona, que tardó tres años en obtener una licencia y, al final, se vio incapacitada para iniciar sus operaciones. Esta anécdota pone de relieve las consecuencias costosas que puede acarrear una administración ineficiente.

El presidente de Pimec también criticó la tendencia de los programas electorales de prometer simplificaciones administrativas y ventanillas únicas, afirmando que, a pesar de las promesas, la situación sigue estancada. Frente a un posible cambio administrativo por parte del Govern de Salvador Illa, Cañete instó a que las declaraciones se traduzcan en "acciones concretas e inmediatas", resaltando la crucial importancia de contar con un presupuesto que permita el funcionamiento adecuado del país.

El estudio también señala que existe un gran potencial para la digitalización de los trámites y la simplificación de los procesos administrativos, siempre que estas iniciativas vayan acompañadas de una revisión exhaustiva de las normativas y procedimientos actuales. En este contexto, Oriol Amat presentó diversas propuestas que figuran en el informe, tales como la creación de una ventanilla única, la transformación digital de los servicios, la capacitación del personal administrativo y la necesaria simplificación de la burocracia, particularmente en áreas rurales y municipios pequeños.