Las acusadas en el caso han afirmado que no tenían la intención de difamar y buscarán archivar el caso.

BARCELONA, 12 Abr.

Las tres profesionales bajo investigación por supuestas difamaciones a Junts en su informe sobre la denuncia de la diputada Cristina Casol por acoso en la formación también estaban trabajando en otro informe sobre la denuncia de la diputada Aurora Madaula por la misma razón. Sin embargo, este segundo informe fue detenido debido a la demanda de Junts por las opiniones de las autoras del informe.

Este viernes, al declarar como acusadas ante el juez a cargo del caso abierto por la demanda de Junts contra la abogada y las dos psicólogas que firmaron el informe, han comentado fuentes presentes en la declaración.

Las acusadas acudieron a la citación en el juzgado acompañadas por una concentración de alrededor de 50 personas, incluidos representantes de la CUP y los comuns, la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y la propia Casol.

La denuncia de Casol ante la Oficina de Igualdad del Parlament por presunto acoso de compañeros de su partido llevó a la activación del protocolo de igualdad de la Cámara por primera vez, y la investigación fue encargada a una empresa externa para la que trabajan las tres acusadas.

Casol fue expulsada de Junts y su denuncia fue archivada porque el informe concluyó que no existían pruebas de acoso, aunque las tres expertas en violencia de género describieron un ambiente de tensión y desigualdad en el grupo "donde el machismo cultural está arraigado", algo que Junts considera parcial.

En sus declaraciones de este viernes, el juez cuestionó a las tres expertas en violencia de género sobre cómo llegaron a las conclusiones plasmadas en su informe y si tenían la intención de difamar u ofender a alguna persona o grupo político.

Ellas negaron tener dicha intención, asegurando que realizaron su trabajo y explicaron la metodología seguida para elaborar el informe, que incluyó 10 entrevistas, entre otros aspectos.

Destacaron que su informe se basó en criterios científicos y en el protocolo de igualdad del Parlament, validado por todos los grupos, consensuado con profesionales expertos en la materia y manteniendo la confidencialidad.

También recordaron que el informe encargado por el Parlament no formaba parte de ningún procedimiento administrativo ni tenía poder para imponer sanciones, sino que era un informe preliminar antes de un eventual proceso administrativo, que finalmente no se inició al no encontrar pruebas de acoso.

Las tres acusadas solo respondieron a las preguntas del juez del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona y de su defensa, según comentó el abogado Eduardo Cáliz antes de las declaraciones, rechazando "participar en este juego de intimidación escolar".