Los delitos de odio en España han experimentado un alarmante aumento, pasando de 1.869 en 2022 a 2.268 en 2023.

La Fiscal Adscrita a la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo, ha expresado su preocupación por la tendencia de relacionar la delincuencia con la migración, destacando que es un tema que preocupa y ocupa a la Fiscalía.

En una entrevista con Europa Press, Raimundo ha mencionado casos recientes de menores que han sido víctimas de delitos de odio en redes sociales, simplemente por ser menores sin referentes familiares o menores no acompañados que han llegado a España como migrantes y a quienes se les ha atribuido de manera injustificada la responsabilidad penal de crímenes cometidos por terceras personas.

La fiscal hace referencia a situaciones como el crimen de un menor de edad en Mocejón (Toledo) en agosto de 2024, y el asesinato de una comerciante un mes antes en la plaza Tirso de Molina de Madrid, en los que se difundieron bulos en internet señalando a menores no acompañados como autores.

Raimundo destaca la importancia de brindar una especial protección a los menores debido a su vulnerabilidad, a pesar de que el Ministerio Público no hace distinciones al asistir a las víctimas.

Se han iniciado diligencias en ambos casos, confirma la fiscal, aunque será un juez quien determine si se trata de una lesión a la dignidad de un colectivo o si también hay un discurso de odio al incitar a actos violentos contra menores no acompañados.

"Protegemos a todas las víctimas, a todos los menores, y aquellos que han llegado a nuestro país sin referentes familiares también recibirán protección contra los delitos de odio", afirma con firmeza Raimundo.

Raimundo reconoce que la línea que separa un delito de odio de la libertad de expresión es difusa, ya que no todos los insultos o descalificaciones hacia colectivos vulnerables son considerados delictivos.

La fiscal explica que consideran discurso de odio a cualquier mensaje en redes sociales que contenga insultos o descalificaciones hacia colectivos vulnerables o personas, con la intención de generar un clima de hostilidad o incitar a cometer un delito.

Los delitos de odio más comunes incluyen el discurso de odio y la lesión a la dignidad, que implica menospreciar, humillar o desacreditar a una persona por su raza, origen nacional, religión u otros factores.

Para determinar si un discurso se considera protegido por la libertad de expresión, la Fiscalía y los cuerpos policiales se guían por el plan de acción de Rabat, que analiza varios parámetros. No obstante, se requiere un análisis detallado en cada caso concreto.

Ante la vinculación entre inmigración y delincuencia en algunos mensajes políticos, la fiscal subraya que cualquier mensaje que pueda constituir un delito será investigado por los fiscales provinciales, aunque se debe ser cauteloso al analizar la relación entre la inmigración y la criminalidad.

Raimundo recuerda una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que respaldó la condena de un político por publicar comentarios discriminatorios en Facebook contra la comunidad musulmana.

En cuanto a políticos, la fiscal destaca su responsabilidad y sugiere la aplicación de reglamentos disciplinarios para abordar comportamientos inapropiados sin necesidad de judicializar todos los casos.

Raimundo enfatiza la necesidad de una mayor colaboración en redes sociales para proteger a las víctimas de delitos de odio y actuár con celeridad ante estos casos.

Además, el informe anual de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio muestra un incremento en los delitos de odio en diferentes ámbitos, como racismo, xenofobia, orientación sexual e identidad de género, ideología, discapacidad y aporofobia.

La fiscal alerta sobre la infradenuncia y la infradetección en estos casos, lo que dificulta la dimensión real de estos delitos, y destaca la importancia de la labor conjunta de diferentes entidades para la protección de las víctimas y la prevención de los delitos de odio.