En Barcelona, el 8 de noviembre, Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y presidente del Comité de Expertos en la Reforma de la Administración (Cetra), ha alertado sobre la posibilidad de que surjan significativas resistencias ante la modificación de los mecanismos de acceso y nombramiento de los altos funcionarios de la Generalitat. Este fenómeno se atribuye a que, en muchos casos, estas posiciones son ocupadas mediante designaciones políticas, lo que conlleva a una práctica problemática donde los directivos se ven obligados a contribuir parte de su salario a sus respectivos partidos.

En una reciente entrevista con Europa Press, Ramió ha calificado esta práctica como perjudicial para la administración pública. Considera que los directivos deben recibir una compensación justa por sus funciones, ya que el cargo es desafiante y, a menudo, presenta pocos alicientes para quienes podrían asumirlo. Según sus palabras, este escenario lleva a una desprofesionalización del sector y genera un descrédito que perjudica la percepción de la administración pública.

Ramió ha liderado a un equipo de alrededor de 70 expertos que esta semana ha presentado al Govern un documento con 50 propuestas destinadas a reformar la administración pública. Las sugerencias incluyen una revisión de aproximadamente 170 trámites, la integración de la Inteligencia Artificial (IA), ajustes en el empleo público y cambios en la dirección pública profesional.

Divulgó que la propuesta que ha sido aceptada por el Govern sugiere que los directores generales podrían ser seleccionados desde el ámbito político, pero solo tras una preselección de tres candidatos por parte de un organismo autónomo, además de que los subdirectores generales deben ser funcionarios que pasen por un proceso de selección basado en méritos que certifique sus habilidades.

Asimismo, Ramió subrayó que no es normal que en España y Catalunya, al producirse un cambio en el gobierno, se dé lugar a la sustitución masiva de directivos que ocupan funciones técnicas o profesionales, un fenómeno que contrasta con la práctica en países más avanzados.

El catedrático también destacó que para que esta reforma avance es vital contar con una mayoría parlamentaria. Informó que ya se ha reunido con varios grupos del Parlament para exponer su propuesta, que, en su conjunto, implica la modificación de los procedimientos de elección y acceso de unos mil puestos directivos en la Generalitat.

Advirtió que esta reforma podría suponer un costo para los partidos políticos, que dejarían de percibir parte de los salarios de estos altos funcionarios. "Si aquellos partidos no logran llegar a fin de mes, quizás necesiten un aumento en su financiación pública. Aunque son una parte clave de nuestro sistema, deben ser remunerados de manera justa, pero no a través de métodos desviados", agregó Ramió.

Esta propuesta ha encontrado eco en una diversidad de organizaciones sindicales, empresariales y en el tercer sector, reflejando una demanda social que señala que una mayor estabilidad entre los directivos profesionales se traduce en una mejor oferta de servicios públicos. Oponerse a ello, afirmó Ramió, sería ir "en contra de la historia".

Advirtió que resistirse a estos cambios no es pertinente en la actualidad, ya que el clamor por la reforma es fuerte. Aunque anteriormente pudo haber habido resistencia y excusas para no implementarla, ahora el contexto exige una respuesta acorde con la evolución social.

Entre las reformas propuestas, se contempla la revisión del acceso a la administración pública y los procesos de oposición, sustituyéndolos por un nuevo modelo de selección que priorice las competencias sobre la mera memorización. Criticó el sistema actual como socialmente injusto, planteando la dificultad de estudiar durante años tras finalizar un grado y un máster.

Ramió enfatizó que la reforma debería mantener un enfoque meritocrático, vital para atraer talento joven. Destacó la urgencia de esta transformación, dado que el 50% de la población de la administración pública se jubilará en la próxima década, lo que plantea un reto demográfico significativo.

Finalmente, el catedrático considera que las reformas propuestas son una reivindicación necesaria y que algunas medidas están en marcha, como la mejora de los trámites y la digitalización de la administración. Si el Govern sigue las directrices de los expertos, Ramió confía en que para 2026 se comenzarán a observar cambios en la calidad del servicio público.

Concluyó su intervención subrayando la necesidad urgente de reformar la administración pública, recordando que no se han llevado a cabo cambios significativos en casi 70 años, lo que revela una desconexión con la realidad y un estancamiento que debe ser abordado de forma inmediata para adaptarse a las exigencias del futuro.