Crónica Cataluña.

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Regido instado por Campuzano a otorgar apoyo en crianza y es advertido de posibles acciones en el Tribunal Constitucional

Regido instado por Campuzano a otorgar apoyo en crianza y es advertido de posibles acciones en el Tribunal Constitucional

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, considera que la creación del Ministerio de Infancia y Juventud es una oportunidad para solucionar una histórica carencia en España, como la falta de una prestación para la crianza. Además, advierte que recurrirán al Tribunal Constitucional si se invaden las competencias de la Generalitat desde este ministerio.

Según el conseller, es una oportunidad para que las demandas sociales de la Generalitat sean prioritarias en esta legislatura, especialmente en lo que respecta a una mejor financiación para el sistema de atención a la dependencia y la gestión integral del ingreso mínimo vital por parte del gobierno catalán.

Campuzano destaca que la tasa de pobreza infantil y la baja fecundidad en España están relacionadas con la falta de una prestación universal para la crianza. En este sentido, menciona que otros países de Europa Occidental como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca e Italia tienen este tipo de ayudas y espera que se conviertan en una prioridad para el Ministerio liderado por Sira Rego.

Aunque reconoce que Cataluña no puede mantener una prestación universal de crianza a largo plazo debido a sus límites fiscales, confía en que el Gobierno impulse esta ayuda en lugar de adoptar medidas que correspondan a la competencia de la Generalitat. También aclara que estarán atentos a cualquier invasión competencial y recurrirán al Tribunal Constitucional en caso necesario.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, Campuzano destaca que Cataluña ha acogido a 2.013 menores extranjeros este año, y considera que el Estado no está ayudando a las comunidades autónomas en esta tarea.

El conseller insta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a completar el traspaso de la gestión integral del ingreso mínimo vital a la Generalitat de acuerdo con el pacto alcanzado con el ministro saliente José Luis Escrivá. Prevé que la Generalitat pueda asumir la gestión conjunta de las prestaciones sociales del IMV y de la renta garantizada de ciudadanía en la segunda mitad de 2024, lo que requerirá un sobrecoste de aproximadamente 2,3 millones de euros.

En relación a la atención a la dependencia, Campuzano recalca la necesidad de afrontar el envejecimiento de la generación del 'baby boom', invertir en nuevas infraestructuras, implementar nuevos modelos de atención y mejorar las condiciones laborales. Critica la falta de financiación por parte del Estado y confía en que se alcance una cofinanciación al 50% entre el Gobierno y la Generalitat en materia de dependencia.

Finalmente, el conseller se dirige a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para solicitar una prórroga de los descuentos del bono social eléctrico que vencen en 2023, aplicando automáticamente un bono social en caso de hogares vulnerables, siguiendo el ejemplo del modelo portugués.