La Generalitat de Cataluña, bajo la dirección de su consellera de Economía, Alícia Romero, ha presentado avances significativos en la preparación de los nuevos presupuestos. La funcionaria anunció ayer el envío de una ley que acompaña a los presupuestos al Consell Econòmic i Social (CES), un órgano que asesora al Gobierno en materia económica y social. Esta normativa incluye la eliminación de 19 tasas impositivas que afectaban a las empresas, un gesto que según Romero busca facilitar la actividad empresarial en la región.

En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, Romero explicó que la supresión de estas tasas, que generaban ingresos de aproximadamente 500.000 euros, fue motivada por solicitudes del sector empresarial, especialmente del agrícola. “Podemos prescindir de este ingreso y, a su vez, facilitar la operativa de las empresas,” subrayó, marcando un claro compromiso con el desarrollo económico.

Luego de llevar la ley al CES, la consellera hizo un llamado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a los Comuns para que inicien negociaciones sobre los nuevos presupuestos. “Hemos trabajado en ellos y estamos listos, solo necesitamos esta discusión,” manifestó Romero con un tono de urgencia.

La consellera también comentó que la elaboración de la ley de presupuestos requiere procesos más extensos. Aclaró que una vez el CES dé su opinión, habrá oportunidades para realizar ajustes y modificaciones durante la tramitación en el parlamento, lo cual se comunicó previamente a los Comuns.

En relación al nuevo modelo de financiación para Cataluña, Romero defendió sus características, afirmando que este aborda a las comunidades autónomas como entidades maduras. Enfatizó el principio de solidaridad, señalando que las comunidades más prósperas continúan contribuyendo a un fondo común, siendo Cataluña una de las que más aporta.

La consellera lanzó un reto a los representantes del PP, cuestionando la percepción de desigualdad en el nuevo sistema comparado con el anterior, donde existía una brecha de 1.500 euros por habitante entre las comunidades con mayor y menor financiación, frente a los 490 euros que propone el nuevo modelo. “Me gustaría que me explicaran dónde está la injusticia,” afirmó.

Romero también expresó su descontento por el hecho de que el coste de la vida no se haya incorporado en los criterios del nuevo modelo de financiación. Reconoció que en las negociaciones a menudo se deben ceder, aunque se mostró esperanzada en que haya espacio para incluir esta cuestión en futuros diálogos.

Por último, enfatizó la necesidad de preservar el principio de ordinalidad en el nuevo modelo, asegurando que este debe estar garantizado incluso durante las modificaciones legislativas. Según Romero, el nuevo modelo de financiación es más robusto y menos susceptible a las fluctuaciones de la economía.