El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, ha expresado su opinión sobre la reciente creación de cinco nuevos juzgados en Barcelona, incluyendo cuatro de lo penal y uno de instrucción. Según su perspectiva, esta medida es crucial para afrontar el "drama de la multirreincidencia" que afecta a la sociedad, aunque subraya la necesidad de incrementar el número de jueces y fiscales para garantizar la eficacia de esta expansión judicial.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez destacó que el fortalecimiento del sistema judicial para enfrentar la multirreincidencia ha sido una solicitud histórica del ICAB. Reconoció la implicación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, manifestando su agradecimiento por la receptividad poco habitual de los políticos hacia sus demandas.

El decano comentó que en lugar de abogar por la privación de libertad ante la multirreincidencia, es más efectivo implementar medidas disuasorias. Citó como ejemplo la problemática de los narcopisos, señalando que cuando Francia endureció las penas, muchos delincuentes decidieron trasladarse a España. Para él, es fundamental buscar un equilibrio entre la libertad individual y la seguridad ciudadana en estos casos.

Sánchez también hizo hincapié en la importancia de dotar a los nuevos juzgados de los recursos humanos necesarios. Se mostró preocupado por la procedencia de los funcionarios, los letrados y, sobre todo, los jueces y fiscales, instando a las autoridades a resolver la cuestión de las vacantes en los concursos de oposición en Cataluña. Mencionó la movilidad de jueces, impulsada por el alto coste de vida en la región, y propuso un complemento salarial similar al que ya se aplica en Cataluña, además de la recuperación del tercer turno, como medidas para flexibilizar el acceso a la carrera judicial.

El decano del ICAB también vinculó la creación de estos nuevos juzgados con el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, el cual prevé que entren en funcionamiento en el primer trimestre de 2025, además de la reciente aprobación en el Congreso de la ley de eficiencia del Sistema Público de Justicia. Esto, según Sánchez, representa un salto cualitativo que lleva a España a modernizar su sistema judicial, pasando de un modelo del siglo XIX al del siglo XXI.

Desde su punto de vista, esta reforma implica un “cambio radical” en la estructura de la oficina judicial. Ya se están observando los primeros efectos del nuevo sistema informático y de la incorporación de inteligencia artificial en el proceso judicial. La legislación, inspirada en el modelo francés, contempla la creación de tribunales de instancia, donde un magistrado presidente será responsable de decidir sobre la organización y el reparto de causas. Sánchez está convencido de que, con un adecuado respaldo en recursos humanos, se lograrán agilizar los trámites judiciales, considerando inaceptable que un juicio rápido pueda tardar entre 12 y 15 meses.