En el corazón de las tensiones políticas en Barcelona, la líder de BComú, Janet Sanz, ha lanzado una dura crítica hacia el PSC, insinuando que su respaldo a la construcción de una nueva terminal de cruceros está bloqueando las negociaciones sobre el presupuesto municipal. Según Sanz, esta posición ha complicado aún más la posibilidad de alcanzar un consenso: "Hoy estamos más lejos que ayer de poder llegar a un acuerdo".

Sanz expresó su "preocupación" en una reciente entrevista en TV3, donde criticó la falta de compromiso del alcalde Jaume Collboni en solicitar a las instituciones pertinentes, incluyendo la Generalitat, que reduzcan el número de terminales de cruceros. Insinuó que el plan de Collboni de crear más infraestructuras turísticas podría exacerbar el problema, y argumentó que el aumento en la llegada de turistas es un fenómeno que debe ser frenado.

La líder de BComú no escatimó en críticas hacia la administración municipal, señalando que la voluntad del gobierno local de establecer límites a este modelo económico es "más bien escasa". A su juicio, esta forma de desarrollo tiene un impacto ambiental perjudicial para la ciudad, mientras que el retorno económico que genera es mínimo. "Es absurdo en este contexto que estemos planteando esto, una barbaridad, porque lo que tiene que hacer (la llegada de cruceristas) es decrecer", manifestó Sanz, quien además volvió a dirigir su reproche a Collboni por permitir que las discusiones presupuestarias se extendieran hasta las festividades navideñas sin un enfoque centrado en los vecinos y los barrios de la ciudad.

La vinculación entre el apoyo de BComú a los presupuestos y el cierre de dos de las tres terminales de cruceros gestionadas por Barcelona Cruise Port es clara. Según Sanz, esta medida podría evitar que cerca de un millón de cruceristas lleguen a la ciudad, algo que ella considera esencial para reducir la presión turística que enfrenta Barcelona. En su análisis, el contrato actual con la empresa que gestiona una de las terminales finaliza en 2025, mientras que otro vence en 2030, lo que abre la puerta a la posibilidad de una reconversión. "Se podrían reconvertir estos acuerdos sin coste económico para la administración", afirmó con optimismo.