T-Mobilitat cuenta con 1,25 millones de usuarios y se expande a la séptima corona, según Capella.
La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha criticado que el Estado "no cumple" en las inversiones para el Corredor Mediterráneo.
En su comparecencia en el Parlament, Capella ha informado que la T-Mobilitat ha alcanzado los 1,25 millones de usuarios este junio y que están trabajando para la "integración plena" de la séptima corona metropolitana en su sistema.
El diputado del PSC Jordi Terrades ha cuestionado a la Generalitat por no haber completado el despliegue de la T-Mobilitat en toda Catalunya, después de haber anunciado esto en 2014. Además, le ha pedido que detalle cuánto ha costado el proyecto.
"La principal pregunta sigue cerrada como el secreto de la pirámide: ¿sabremos algún día cuánto ha costado o nos está costando el proyecto de la T-Mobilitat?", ha declarado Terrades, quien asegura que la adjudicación inicial fue de 58 millones y que según algunos expertos, esta cifra superaría los 130 millones.
Capella ha afirmado que la primera adjudicación no representa el coste total del proyecto, ya que este implica no solo el paso de títulos en papel a digitales, sino también un nuevo modelo de movilidad.
La consellera ha explicado que este modelo tiene como objetivo pasar a un sistema de tarifas donde los usuarios paguen en función de los kilómetros recorridos y del uso que hagan del transporte público. Esto, a su vez, permitiría eliminar las coronas de la Autoritat del Transport Metropolità.
"Queremos que desaparezcan las coronas, en el doble sentido de la palabra, ya me entienden", ha añadido.
También ha destacado que la Generalitat está trabajando para desarrollar una T-Mobilitat "de cartón recargable" y para que los usuarios de los sistemas iOS puedan acceder a una versión digital de la tarjeta en sus dispositivos.
Por otro lado, Capella ha criticado al Estado por no cumplir con las inversiones necesarias para el Corredor Mediterráneo. Según ella, esto es consecuencia de una voluntad expresa del Estado.
"Es un retraso cuyo resultado no es por desidia, es la voluntad expresa del Estado, porque sino ya le habrían encontrado solución", ha reprochado la consellera, quien considera que España tiene un sistema centralista que prioriza Madrid por encima de otros territorios en cuanto a infraestructuras.