BARCELONA, 3 Feb.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa han enviado una carta al Consejo de Europa, a la comisión de investigación del Parlamento Europeo (PE) sobre la situacion Pegasus y asimismo a la del Parlament de Catalunya para soliciar protege y comunicar del "obstruccionismo" del Gobierno y de la justicia en el momento de investigar y aclarar lo ocurrido.

Según un aviso de la oficina del expresidente, han enviado una carta a la asesora general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric; al presidente del comité estudioso sobre Pegasus en el PE, Jeroen Lenaers; a la autora del informe del comité estudioso en el PE, Sophia in 'T Veld; a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs; y al presidente de la comisión de investigación del caso en el Parlament, Josep Maria Jové, tal como al vicepresidente, Albert Batet, y a la asesora, Montserrat Vinyets.

En la misiva, recuerdan que tras el informe anunciado por Citizen Lab sobre el espionaje a líderes independentistas, presentaron una demanda contra el Gobierno por la vía contenciosa-administrativa para "conseguir una reparación como víctimas de esta actuación absolutamente contraria a derecho".

En su opinión, tras este espionaje hay causas rigurosamente ideológicas, "o sea, la persecución de personas que forman parte a un conjunto objetivamente identificable como son los independentistas catalanes".

Ante ello, lamentan que la actitud del Gobierno y la justicia haya sido "de negación de los hechos y de negación a estudiar" sus solicitudes.

"El Gobierno español no cooperó, en un comienzo, aportando los expedientes que se le pidieron y, en el momento en que lo logró, fue para denegar una prueba conocida por el Centro Nacional de Sabiduría", resaltan.

Para Torra y Costa, la justicia tiene "la obligación de comprobar unas actuaciones que, por su carácter masivo y misterios, han conllevado la restricción de un sinnúmero de derechos escenciales, que es función de los poderes públicos resguardarlos".

"Pero ésta no es en la actualidad la actitud ni la intención de la justicia de españa ni del Gobierno, que hoy no dieron contestación a las exigencia de transparencia, desempeño de cuentas y depuración de responsabilidades", agregan en la carta.

Por ello, afirman que desean argumentar sus casos y "las adversidades, por no decir de forma directa inconvenientes" que se están encontrando frente a un caso que, a su juicio, debería ocasionar una crisis institucional en cualquier estado democrático.