El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lanzado una crítica contundente hacia el sistema judicial español en una carta dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En este comunicado, Turull ha instado al Gobierno a rechazar la solicitud de indulto que un ciudadano, sin ninguna relación personal con él, presentó en su nombre para la pena de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo (TS).

En su misiva, Turull menciona que este ciudadano ha pedido que se le perdone la sanción de 12 años de inhabilitación impuesta por el alto tribunal, el cual se ha negado a conceder la amnistía correspondiente. Según el líder de Junts, la situación actual no solo es injusta, sino que podría interpretarse como un respaldo a la actuación de los magistrados que han decidido no aplicar la Ley de Amnistía.

Turull argumenta que, si se llegara a conceder el indulto, esto supondría enmascarar una conducta que considera "prevaricadora" por parte de los cinco jueces que, supuestamente, han rechazado de manera arbitraria la amnistía que él reclama. Sostiene que tal acción no haría más que perpetuar una profunda injusticia dentro de la administración de justicia en Catalunya.

Además, el secretario general de Junts enfatiza el impacto negativo que esta decisión tiene sobre otros juzgados en Catalunya, que tampoco están aplicando la amnistía a multitud de personas procesadas por su participación en el movimiento independentista. Según Turull, esta negativa de los magistrados provoca una especie de efecto dominó que perpetúa la represión judicial en un contexto donde muchos ciudadanos han ejercido su derecho a la libertad y la democracia.

Con esta argumentación, Turull sostiene que otorgar un indulto no solucionaría los problemas existentes entre el poder judicial y el legislativo, sino que contribuiría a diluir las responsabilidades de los jueces que han actuado de manera "rebelde" ante la ley. Creyendo firmemente en la aplicación de la amnistía, añade que no hay duda alguna sobre su conformidad con las normativas estatales y europeas.

Finalmente, Turull concluye que, a pesar de la evidencia que muestra que no se ha producido un enriquecimiento personal en su caso, cinco magistrados, a excepción de Ana Ferrer, decidieron no concederle la amnistía. Esto refuerza su postura de que la Ley de Amnistía debería aplicarse sin reservas a los delitos relacionados con el referéndum de octubre de 2017.