• miércoles 8 de febrero del 2023

Un juez anula la sanción de Barcelona a un aviso de alquiler en teoría discriminatorio

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BARCELONA, 26 Oct.

El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Barcelona ha proclamado nula la sanción de 90.001 euros que el Ayuntamiento de la ciudad más importante catalana impuso a Idealista en el mes de octubre de 2019 por un presunto caso de discriminación y racismo en un aviso anunciado por una agencia inmobiliaria.

En la resolución, consultada por Europa Press, se muestra que el consistorio "hace una interpretación extensiva del término de agente inmobiliario", en tanto que cree que Idealista es una interfaz neutra y pasiva y que son los clientes quienes publican los avisos.

"Idealista no encaja en la definición de agente inmobiliario del producto 55 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya (LDV), ya que es una interfaz neutra y pasiva, donde son los clientes quienes de manera directa publican sus avisos, en ningún caso va a poder mediar activamente entre 2 personas o hacer una conducta activa", mantiene.

También decreta que el Ayuntamiento debió haber dirigido a Idealista un requerimiento previo concreto de retirada del aviso "antes de demandarle cualquier compromiso, radical que no fue efectuado por la administración requerida, con lo que incurrió en la infracción de los preceptos indicados".

Idealista ha reprochado este miércoles al Ayuntamiento en un aviso la "campaña sistemática de desprestigio" que cree que la administración hace contra la compañía, y ha alertado de hasta ocho sanciones por considerarla una agencia inmobiliaria.

Así, han acusado al consistorio de "manejar la interpretación" del producto 55 de la LDV para sancionar a Idealista y han detallado que, de las ocho sanciones, seis están atentos de resolución tras la presentación de elementos por la parte de la inmobiliaria.

El Ayuntamiento incoó un expediente sancionador contra los anunciantes a causa de una demanda de un ciudadano en la Oficina para la No Discriminación (OND), que pedía que se resolviera si el contenido del aviso "podría ser constitutivo de una situación de discriminación en igualdad de ingreso y ocupación de la vivienda".

Tras investigar el aviso, el consistorio concluyó que la oferta publicada se presentaba "con una definición de perfil identificando: 'personas alumnos, españolas, con contrato indefinido', excluyendo, por consiguiente, los colectivos nacionales de otros países que no sean España".

El ente consideró conque la oferta excluía del ingreso a la vivienda a un colectivo de personas con motivo de su origen, en oposición a la Ley del Derecho a la Vivienda, que "tipifica como muy grave (art.123.2.a) hacer acciones u omisiones que conlleven acoso o discriminación en la utilización de la vivienda".

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