Rechaza la suspensión cautelar que solicitó la Cámara de la Propiedad Urbana por un "hipotético interés general"

BARCELONA, 3 Ago.

El Juzgado Contencioso 16 de Barcelona ha rechazado suspender de manera cautelar las proyectos en las calles Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona para hacer la supermanzana del Eixample como solicitó en un recurso la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida.

En un coche al que tuvo ingreso Europa Press, el juez desecha la solicitud de la Cámara para suspender los proyectos ejecutivos de reurbanización de estas calles, que solicitó solucionar de forma urgente frente a la adjudicación de los diez lotes en que se dividió la licitación de las proyectos.

La Cámara mantiene que las proyectos se han aprobado "con una visible vulneración del trámite legalmente predeterminado" pues se gestionaron como proyectos ordinarias de reurbanización pese a la trascendencia y también encontronazo urbanístico de los cambios que se prevén.

Además, recrimina que el consistorio no ha respetado los plazos estipulados para "hacer más ágil al límite" la ejecución de las proyectos, y justifica la necesidad de pararlas de forma cautelar dada su irreversibilidad: o sea, arguye que si el tribunal no para las proyectos de forma urgente su recurso va a haber perdido sentido por el hecho de que los trabajos ahora van a estar hechos.

En cambio, el Ayuntamiento cree que la Cámara no está legitimada para intervenir en este trámite, de forma que solicitó al juez inadmitir su recurso, y asimismo arguye contra la irreversibilidad que manifiesta el recurso.

Al parecer del juez, no hay peligro de que el recurso pierda efecto por la presunta irreversibilidad que manifiesta la Cámara y que el coche desecha por el hecho de que "el coste de la eventual reversión en el caso de dictarse sentencia estimatoria sería puramente económico, sin que hayan resultado concretados los casuales perjuicios de vecinos y particulares damnificados por las proyectos".

Además, apunta que "no hay dudas de la solvencia económica de la administración" para subvencionar el coste económico de revertir las proyectos en la hipótesis de que al final la sentencia del caso fuera conveniente al recurso de la Cámara.

"La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida no puede esperar erigirse en protectora de un hipotético interés general basado en unos hipotéticos perjuicios que, alén de las alegaciones, no se concretan", y en cambio sí protege que el Ayuntamiento actúa en defensa del interés público al planear novedades urbanísticas.