Una persona ha sido condenada a 10 meses de prisión después de que la Unitat de Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona aplicara los protocolos correspondientes. La UPF ha gestionado un total de 20 denuncias por acoso, abuso e insultos desde 2014, con la mayoría de ellas interpuestas por alumnos contra Personal Docente e Investigador o personal de administración. Solo dos denuncias han sido entre estudiantes.

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la UPF, Pablo Pareja, ha explicado en una entrevista que entre 2014 y 2018 se registraron siete denuncias, entre marzo de 2018 y diciembre de 2019 se contabilizaron ocho, y entre enero de 2020 y finales de 2022 fueron cinco. Pareja también ha destacado que las denuncias entre alumnos son menos frecuentes debido a que suelen resolverse más fácilmente, ya que las personas implicadas tienen más mecanismos para poner fin a la situación. Por otro lado, los alumnos pueden sentirse más indefensos e incómodos al enfrentarse a este tipo de situaciones con profesores.

Una de las denuncias entre alumnos ocurrió en 2019, cuando dos jóvenes de primer curso del grado de derecho en la UPF denunciaron sentirse acosadas por otro alumno. Aunque apenas conocían al acusado, empezaron a recibir mensajes a través de WhatsApp y correos electrónicos, donde expresaba su intención de mantener una relación afectiva con una de ellas y las esperaba en la puerta de la universidad. Incluso intentó contactarlas físicamente en el campus, lo que llevó a las víctimas a sentir temor y malestar, alterando su vida privada y universitaria.

Las víctimas intentaron frenar la situación enviándole mensajes para que dejara de comunicarse con ellas, pero el acusado continuó con su actitud de hostigamiento. La universidad tomó cartas en el asunto y adoptó medidas para proteger a las víctimas, como permitirles estudiar desde casa y ofrecerles aulas alternativas para los exámenes. Sin embargo, una de las jóvenes abandonó los estudios debido a la situación.

Finalmente, el acusado ha sido condenado a 10 meses de prisión por dos delitos de acoso, con la pena añadida de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Además, se le ha impuesto la prohibición de comunicarse con las víctimas y de aproximarse a menos de 500 metros de ellas, de sus domicilios y de cualquier otro lugar que frecuenten durante cuatro años. También se ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión por un plazo de dos años si el acusado no comete ningún delito y cumple las medidas de prohibición impuestas.

El vicerrector Pareja ha reconocido que las víctimas no comunicaron los hechos a sus familias ni a la universidad de inmediato, lo que dificultó la adopción de medidas. Sin embargo, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió un expediente disciplinario y se aplicaron las medidas necesarias. Pareja ha manifestado que la universidad se sintió incómoda, ya que hizo todo lo posible siguiendo los protocolos establecidos pero considera que si hubieran tenido conocimiento antes o se hubiera explicado mejor los derechos de los estudiantes, las jóvenes podrían haberse sentido más cómodas para denunciar antes.

Una de las víctimas ha expresado su descontento con la forma en que la universidad gestionó el caso, ya que al comunicar lo ocurrido, se le ofreció cambiarse de universidad, lo que le hizo sentir que ella era el problema y que la universidad quería deshacerse de ella. A pesar de esto, las autoridades académicas siguen trabajando para mejorar los protocolos y brindar un entorno seguro para todos los estudiantes.