En Barcelona, el día 31 de octubre, se han encendido los ánimos en torno a la Fundación Francisco Franco debido a las recientes declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Este funcionario del gobierno ha afirmado que la fundación en cuestión no se ajusta a lo que establece la ley de memoria democrática, argumentando que su actuación no beneficia al interés general y que, en cambio, fomenta el enaltecimiento de un golpe de Estado histórico y la humillación de sus víctimas.

Urtasun destacó que la fundación muestra un preocupante desprecio hacia la historia y el sufrimiento de quienes padecieron las consecuencias del conflicto. Según el ministro, hay una tendencia a minimizar el dolor de las víctimas y a reescribir los hechos históricos culpabilizando a quienes buscan justicia por los abusos sufridos.

El ministro aseguró que el expediente legal en contra de la fundación se sostiene sobre bases firmes, y enfatizó que su ministerio será riguroso en la aplicación de la ley de memoria democrática en relación a fundaciones como esta. Esto subraya el compromiso del gobierno con una narrativa histórica que, a su juicio, debe honrar y preservar el recuerdo de las víctimas.

Urtasun también comunicó que ya se ha enviado un aviso a la Fundación Francisco Franco sobre la intención de disolverla, concediéndole la oportunidad de presentar sus defensas antes de que el caso sea presentado a los tribunales. Este procedimiento, según el ministro, no debería extenderse por más de nueve meses, y ha expresado su deseo de que se resuelva lo más pronto posible.