El 19 de octubre de 2017, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia por parte del Parlament. Inmediatamente después, la Fiscalía de España emitió una euroorden para su detención, acusándolo de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año.

Luego de varios meses de litigio, el 5 de diciembre de 2017, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, retiró la euroorden alegando que había "desistido de su intención de ejecución en Bélgica", aunque continuó el proceso judicial contra Puigdemont y otros líderes independentistas que habían huido al extranjero.

La detención en Alemania

El 25 de marzo de 2018, Puigdemont fue detenido en Alemania, donde permaneció durante más de tres meses en espera de la decisión de las autoridades judiciales alemanas sobre su posible extradición a España.

El 12 de julio de ese mismo año, el tribunal alemán decidió que Puigdemont no podía ser extraditado a España por el delito de rebelión, ya que la ley alemana requiere que el delito especificado tenga un equivalente legal en el país de origen, y según los jueces, no se puede demostrar que la rebelión sea un delito en España. Sin embargo, el tribunal decidió que Puigdemont podría ser extraditado por malversación de fondos públicos.

La decisión del Supremo español

En octubre de 2018, el juez Llarena reactivó la euroorden, solicitando la extradición de Puigdemont y otros líderes independentistas que habían huido al extranjero. En esta ocasión, el juez argumentó que los acusados habían "utilizado la violencia" en su intento de independencia, lo que justificaría la acusación de rebelión.

Sin embargo, la justicia belga decidió no ejecutar la euroorden, argumentando que la acusación de rebelión era desproporcionada y que no se había demostrado que Puigdemont hubiera utilizado la violencia en su intento de independencia.

Finalmente, el 14 de marzo de 2019, el Tribunal Supremo español retiró la euroorden contra Puigdemont y los otros líderes independentistas que habían huido al extranjero, después de que las autoridades belgas se negaran a extraditarlos por el delito de rebelión.

El impacto político de la euroorden

La tramitación de la euroorden contra Puigdemont y otros líderes independentistas ha generado un intensa polémica y ha tenido un impacto político significativo tanto en España como en el extranjero.

Por un lado, la euroorden ha llevado a la judicialización del conflicto catalán y ha contribuido a polarizar aún más el debate político en España. Además, la tramitación y retirada de la euroorden ha generado divisiones dentro del propio poder judicial, así como críticas internacionales por la posible vulneración de derechos civiles y políticos en España.

Por otro lado, la euroorden ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma del sistema de euroórdenes en Europa. En este sentido, varios expertos han señalado que la actual normativa europea sobre la extradición entre Estados miembros es demasiado rígida y no tiene en cuenta las diferencias entre los sistemas judiciales de los diferentes países.

Conclusiones

En definitiva, la tramitación y retirada de la euroorden contra Puigdemont y otros líderes independentistas ha sido uno de los episodios más controvertidos y polarizantes en la historia reciente de España, y ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma del sistema de euroórdenes en Europa. En cualquier caso, el caso Puigdemont ha dejado una huella duradera en la política española y en el debate sobre el futuro de Cataluña dentro de España.