El TSJC impone la ejecución de la sentencia que revoca aspectos del decreto sobre el catalán en la educación.

BARCELONA, 30 de marzo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido implementar de forma provisional la anulación parcial del Decreto 91/2024, referente al régimen lingüístico dentro del sistema educativo en Cataluña, tal como ha informado Europa Press.

Esta resolución del TSJC, que ha considerado parcialmente procedente el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que los artículos anulados total o parcialmente de este decreto quedarán sin efecto mientras el Tribunal Supremo evalúa los recursos de casación interpuestos.

En septiembre del año anterior, el TSJC decidió la anulación de más de diez artículos del mencionado decreto, el cual fue aprobado por el Govern en mayo de 2024 con el objetivo de asegurar la legalidad de los proyectos lingüísticos en las escuelas y proteger el uso del catalán como lengua vehicular, al considerarlo en contradicción con los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución.

Entre los artículos declarados nulos se encuentran los referidos a finalidades del proyecto lingüístico (2c, 2d y 2e), así como varios apartados relacionados con el uso de lenguas (4.1, 4.2, 4.3 y 4.5), el artículo 6 (exceptuando el que se refiere a la rotulación), y otros relacionados con la lengua castellana y los idiomas extranjeros, así como aspectos de acogida y atención al alumnado recién llegado.

La lista de artículos anulados también incluye el 8a, que trata sobre las finalidades del proyecto lingüístico, junto con varios otros puntos de los contenidos y del seguimiento del proyecto, así como normas sobre centros educativos y privados que reciben financiamiento privado.

La ejecución provisional de esta sentencia afectará a los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y la AEB ha solicitado al Departamento de Educación que implemente de inmediato la decisión del tribunal, según lo expuesto en un comunicado oficial.

Además, la AEB ha instado a revisar los proyectos lingüísticos en diversos centros, recordando que, tras esta ejecución, no se podrán imponer sanciones a profesores o alumnos por utilizar el castellano en el ámbito educativo, ya que "cualquier intento de hacerlo carecería de fundamento legal, al basarse en normas que han sido anuladas por el Tribunal".

La AEB también ha anunciado que está brindando apoyo jurídico a aquellos docentes que han sido objeto de expedientes y sanciones por facilitar sus clases y materiales en castellano.