La ACCO advierte sobre riesgos de prolongar concesiones de transporte interurbano

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha señalado que extender las concesiones actuales del transporte regular interurbano de autobuses en Cataluña puede perjudicar la competencia y limitar la entrada de nuevos operadores. La entidad recomienda licitar estos servicios de forma proactiva y transparente para garantizar un mercado más dinámico y eficiente.

El contexto se remonta a 2003, cuando se amplió la duración de la mayoría de las concesiones por 25 años para facilitar la amortización de las inversiones realizadas en infraestructura y flota. La mayoría de estas concesiones expiran en 2028, momento en el que deberían ser sometidas a nuevos procesos de licitación. Sin embargo, la aprobación del Decreto ley 5/2026 en abril introduce una posible extensión de hasta seis años más, condicionada a la descarbonización de la flota.

Desde la ACCO, se advierte que esta prórroga podría reducir la competencia en un mercado que requiere modernización y adaptación a objetivos medioambientales. La entidad sostiene que la descarbonización y otras actualizaciones del sistema de transporte pueden integrarse en los pliegos de licitación, sin necesidad de mantener concesiones por periodos prolongados.

El debate político en Cataluña se centra en equilibrar las exigencias medioambientales, la inversión pública y la apertura del mercado. La Generalitat ha defendido la extensión como una medida urgente para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, mientras que la oposición y organismos independientes alertan sobre posibles efectos negativos en la competencia y en la calidad del servicio público.

Este escenario refleja una tensión política más amplia respecto a la gestión del transporte público, un sector clave para la movilidad, la economía y la sostenibilidad en la región. La decisión final sobre las prórrogas influirá en la configuración del mercado en los próximos años y en la política de transporte de Cataluña.

A largo plazo, la discusión plantea la necesidad de avanzar hacia modelos que combinen sostenibilidad, competencia y eficiencia, en línea con las prioridades de la Unión Europea y las políticas nacionales sobre movilidad y medio ambiente.