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Lunes, 26 de octubre de 2026 Edición Cataluña · Red Crónica
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La inversión en vivienda socialmente sostenible no se considera 'buitre', afirma la ministra

La ministra de Vivienda afirma que invertir con lucro limitado en vivienda no se considera 'buitre', en un contexto de regulación y protección social en Cataluña.

Redacción · Crónica Cataluña 2 min de lectura

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha declarado que invertir en vivienda con un lucro limitado no se considera actividad de 'buitre'.

Este posicionamiento responde a un contexto político en el que el Gobierno busca promover una inversión responsable y proteger el derecho a la vivienda. La ministra sostiene que los inversores que contribuyen a ampliar el parque asequible sin ánimo de lucro fomentan una función social en el mercado inmobiliario.

La declaración tiene implicaciones en la regulación del sector, especialmente en la gestión de viviendas turísticas y en la necesidad de un marco jurídico estable para promover promociones públicas y privadas. La postura oficial apunta a un equilibrio entre inversión y protección social, en un escenario donde la vivienda se ha convertido en un asunto prioritario en la agenda política.

Desde una perspectiva política, la ministra defiende la intervención estatal para estabilizar precios y facilitar el acceso a la vivienda. La gestión del stock y la regulación de contratos buscan reducir la menor movilidad del alquiler en España, en particular en Cataluña, donde se han notificado incrementos en la firma de contratos.

En el contexto actual, la estrategia del Gobierno apunta a alcanzar un 20% de parque público en el país, mediante la adquisición de viviendas, incluyendo las ilegales, para destinarlas al alquiler social. La situación refleja un debate en torno a la regulación del mercado turístico y de alquiler, y la necesidad de un marco legal que garantice la función social de la vivienda a largo plazo.

Mirando hacia el futuro, la posición del Ejecutivo implica continuar promoviendo políticas de intervención y regulación, en un escenario donde la demanda social y la estabilidad del mercado inmobiliario siguen siendo temas centrales en la agenda política española y catalana.

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