Programadores catalanes víctimas de espionaje con Pegasus y Candiru en investigación judicial
Programadores catalanes víctimas de espionaje con Pegasus y Candiru en investigación judicial, revelando uso de malware en un contexto político complejo.
Un grupo de desarrolladores y empresarios catalanes ha entregado sus dispositivos electrónicos a la justicia tras ser presuntamente espiados con los softwares Pegasus y Candiru. La causa, en fase de investigación, involucra a altos cargos del CNI, la Guardia Civil y a los fabricantes de estas herramientas de espionaje.
Este lunes, cinco querellantes presentaron sus teléfonos y discos duros para que Mossos d'Esquadra realicen un peritaje forense. Algunos dispositivos muestran intentos de infección entre 2019 y 2021, en fechas vinculadas a eventos políticos y reuniones relevantes. La investigación revela un uso extendido y sistemático de malware para acceder a información confidencial.
La causa, que también incluye a los fabricantes de Candiru, es la más amplia en número de partes y en alcance desde que se inició la investigación. Los querellantes, vinculados a proyectos de gobernanza digital y blockchain, denuncian espionaje que podría tener implicaciones en la privacidad y la seguridad de activistas y profesionales tecnológicos en Cataluña.
Las autoridades judiciales mantienen la causa activa contra ex altos cargos de la Guardia Civil y del CNI, así como contra las empresas tecnológicas involucradas. La jueza ha ordenado un peritaje exhaustivo de los dispositivos y ha solicitado información adicional sobre la legalidad de las infecciones, en un contexto de creciente preocupación por la vigilancia estatal y privada.
Este caso refleja las tensiones políticas en Cataluña, donde el uso de software espía se vincula con la vigilancia de movimientos independentistas y activistas. La investigación avanza en un escenario donde la seguridad digital y los derechos civiles están en el centro del debate público, con posibles impactos en futuras regulaciones y controles sobre estas tecnologías.
A futuro, el caso podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la colaboración entre agencias de inteligencia y empresas tecnológicas, así como sobre la protección de datos en contextos políticos y sociales. La comunidad tecnológica y política catalana sigue de cerca el desarrollo de esta causa, que pone en cuestión la privacidad y las libertades digitales.