Suspenden 24 días de empleo y sueldo a un guardia urbano de Barcelona por negarse a hablar en catalán

El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana por negarse reiteradamente a hablar en catalán con una ciudadana durante una actuación en julio de este año. Según fuentes municipales, el consistorio considera que el agente mantuvo un trato inadecuado.

La denuncia fue presentada por la Plataforma per la Llengua, que publicó en sus redes sociales un fragmento del vídeo grabado por la denunciante. En la grabación se escucha cómo la mujer pide ser atendida en catalán y el agente se niega, afirmando que "es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere".

El Ayuntamiento sostiene que durante la intervención se produjeron "actitudes y expresiones" incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo. Tras conocer los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) llevó a cabo una investigación interna y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes.

El consistorio subraya su compromiso con la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Asimismo, la Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado recientemente a sus efectivos que, con carácter general, la primera interacción verbal con la ciudadanía debe realizarse en catalán, de acuerdo con los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público.

La Plataforma per la Llengua valora positivamente la resolución, que considera un reconocimiento institucional de la vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadana. Su presidente, Òscar Escuder, afirma que "cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la administración tiene la obligación de garantizarlo". La entidad advierte de que la mayoría de las denuncias por discriminaciones en el ámbito policial se archivan y anuncia que utilizará el reconocimiento de los hechos para pedir la anulación de la multa impuesta a la víctima.