Cataluña aprueba una ley de memoria con sanciones económicas por enaltecimiento del franquismo, buscando reparar a las víctimas y retirar símbolos franquistas.
España solicita a la UE activar un mecanismo para anular sanciones de EE.UU. contra activistas en Palestina, en un intento de fortalecer su postura diplomática.
La Generalitat ha abierto 529 expedientes por incumplimientos en alquileres regulados desde la ley de precios, en un contexto de tensión en el mercado inmobiliario.
En 2025, la Agència Catalana del Consum recibió 19.380 reclamaciones y sancionó a 905 empresas, en un contexto de mayor vigilancia y protección del consumidor.
UGT denuncia que perder datos penaliza más que una muerte laboral, exigiendo reformas en sanciones y mayor inversión en prevención en Cataluña.
La ampliación del riesgo por PPA en Barcelona lleva a sanciones y reforzamiento policial, en un contexto de control sanitario y protección del sector porcino.