Cataluña impulsa decreto que simplifica impuestos, trámites y accesibilidad a la vivienda.
En un movimiento que ha suscitado diversas reacciones, la Generalitat de Cataluña ha aprobó el pasado martes un decreto ley que introduce una serie de medidas destinadas a simplificar y acelerar la gestión de trámites administrativos y fiscales, así como aspectos relacionados con la vivienda. Estas disposiciones habrían estado inicialmente incluidas en un proyecto de ley asociado a los Presupuestos para el año 2026.
La finalidad de este decreto es "asegurar" la correcta operatividad de la Administración Pública durante la extensión del presupuesto, además de responder a situaciones que el Gobierno catalán considera de carácter urgente en el contexto sociopolítico actual, según se detalla en un comunicado emitido tras el Consell Executiu.
Este decreto se compone de varias secciones, una de las cuales está destinada a agilizar los trámites administrativos. Entre otras medidas, se regula la función de la Intervenció General, que actúa como órgano de control interno sobre la gestión económico-financiera del sector público, y se introducen estrategias para facilitar la supervisión del gasto público.
Asimismo, incluye la simplificación de los procedimientos necesarios para realizar cambios en la asignación de presupuestos durante la prórroga, la adopción del modelo de "dato único", la digitalización de ciertos procesos relacionados con actividades económicas, urbanísticas y ambientales, y la mejora en el intercambio de información entre la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública y los servicios de salud pública para el reconocimiento de la discapacidad y dependencia.
En el área de vivienda, se establece un segundo segmento del decreto que busca intensificar el control y la transparencia en el mercado de alquileres. Esto implica que las administraciones que cuenten con datos sobre estos contratos, como Hacienda y los ayuntamientos, están obligadas a compartirlos con el Institut Català del Sòl, así como expandir la capacidad sancionadora a arrendamientos que no sean exclusivamente residenciales, como locales comerciales y oficinas.
Para mejorar la protección del consumidor, el decreto establece un contenido informativo mínimo que debe estar presente en la publicidad de viviendas, como el precio máximo y la cédula de habitabilidad. Además, se refuerza la colaboración entre distintas administraciones para facilitar la consulta en el registro de grandes tenedores de propiedades.
Entre las novedades más relevantes que incluye el decreto, destaca la creación de la herramienta digital llamada Plataforma Urbanística de Catalunya, así como la opción de incorporar terrenos de suelo urbano no consolidado para la concesión de obras y usos provisionales o para aumentar el número de viviendas de protección oficial, asegurando que los precios de los inmuebles resultantes se mantengan estables.
En lo que respecta a asuntos fiscales, el Gobierno catalán ha decidido eliminar el impuesto sobre el CO2 para el año 2025 para aquellos vehículos que se utilicen principalmente para el transporte de mercancías y cuyo peso no supere las 3,5 toneladas, en respuesta a la crisis en Oriente Medio.
Además, el decreto incorpora dos modificaciones preparadas en la legislación que acompañaba a los Presupuestos, enfocadas en la actualización del impuesto sobre depósitos de residuos controlados y en las bases de cálculo del canon del agua.
Por último, el Gobierno también ha aprobado un programa de cooperación financiera con entidades locales, creando un fondo de hasta 100 millones de euros para mejorar y reformar centros educativos. Asimismo, se ha establecido un total de 167,8 millones de euros como participación de los entes locales en los ingresos de la Generalitat, a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya, asegurando que en 2026 reciban la misma cantidad que en 2025, a pesar de la prórroga presupuestaria vigente.