Catalunya asigna 216 millones en apoyo a empresas y 154 millones para impulsar energías renovables debido al conflicto.

BARCELONA, 24 de marzo.

En la reunión del Consell Executiu de este martes, el Govern ha dado luz verde a un primer paquete de ayudas económicas valorado en 400 millones de euros, destinado a mitigar los efectos adversos que podría generar la reciente situación bélica en Oriente Medio. Esta cantidad incluye 216 millones para empresas, 154 millones para impulsar proyectos de energías renovables y 30 millones en ayudas directas a familias.

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, destacó en una conferencia posterior al encuentro que este es solo el comienzo y que se estará monitoreando la evolución de los acontecimientos para realizar ajustes si fuese necesario. “Este es un paquete inicial, aunque continuaremos atentos a la situación”, afirmó.

Paneque también expresó su agradecimiento a los grupos parlamentarios, que han colaborado con el Govern en la elaboración de estas medidas, incorporando muchas de las propuestas que surgieron en las dos reuniones mantenidas previamente.

De los 216 millones destinados a preservar el tejido productivo, la estrategia se dividirá en tres áreas: financiación, ayudas directas y ajustes fiscales.

Se implementará una nueva línea de financiación conjunta entre el Institut Català de Finances (ICF) y Acció, denominada 'Lidera internacionalització', que ofrecerá ayudas bonificadas para proyectos de internacionalización e inversiones. Además, se establecerán los préstamos 'Línia Emergències-Orient Mitjà' con condiciones favorables para autónomos y empresas, junto con una nueva convocatoria de la línea de financiación del ICF-Agroliquiditat.

Las ayudas directas, que estarán sujetas a la condición de mantener los empleos, abarcarán la ampliación de apoyos a la internacionalización y la creación de filiales en el extranjero, así como nuevas ayudas para empresas exportadoras que tengan mercancías en tránsito al inicio del conflicto, con el objetivo de cubrir los aumentos de costos logísticos y las posibles pérdidas.

Asimismo, se brindarán ayudas a pequeños transportistas, autónomos y pequeñas y medianas explotaciones agrarias que se vean perjudicados por el aumento de los precios de los combustibles, además de implementar medidas para contrarrestar el incremento de los fertilizantes.

Desde la perspectiva fiscal, se promoverá la exención del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para vehículos de transporte de mercancías con un peso de hasta 3,5 toneladas y habrá una exención temporal de nueve meses para el pago de tasas relacionadas con titulaciones de pesca.

El plan contempla 154 millones de euros destinados a impulsar la transición energética mediante diversas iniciativas.

Se presentará una nueva línea de crédito del ICF para fomentar proyectos de energías renovables, se reforzarán los recursos para la empresa pública l'Energètica en parques fotovoltaicos y programas con los municipios, se simplificarán los trámites para la obtención de licencias de autoconsumo y se estará pendiente de la evolución de los precios de los combustibles para posibles ajustes.

Por otro lado, los 30 millones destinados a la protección de familias y trabajadores se canalizarán a través de ayudas ante "situaciones de vulnerabilidad" derivadas de las consecuencias económicas del conflicto, así como el refuerzo de la asistencia social urgente para cubrir gastos esenciales como alimentación y suministros básicos, en colaboración con los ayuntamientos.

Además, se prevé potenciar el transporte público por carretera ante el esperado aumento de la demanda debido al incremento de los precios de los combustibles, así como una revisión de las tarifas del transporte escolar.