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Economía 2 de Octubre de 2026 · 11:13h 2 min de lectura

Catalunya supera los 4 millones de afiliados tras regularización migrante

La cifra de afiliados en Catalunya alcanza los 4.003.234 en septiembre, consolidando el crecimiento tras la regularización extraordinaria de migrantes. La Generalitat atribuye este aumento a la incorporación de personas que antes estaban en la economía sumergida, resaltando su impacto positivo en el mercado laboral catalán.

Este proceso se enmarca en un contexto político que busca equilibrar la integración social y la recuperación económica. La regularización, impulsada por decisiones nacionales y autonómicas, responde a objetivos de regularización laboral y social, además de contribuir a la formalización de un mercado que mostró signos de recuperación tras los años de pandemia.

El aumento en afiliados también tiene implicaciones en la dinámica del paro. El incremento en el desempleo en septiembre ha sido liderado por personas que no estaban previamente en el mercado laboral, en su mayoría vinculadas a la regularización. Esto refleja una transición que, si bien puede generar tensiones a corto plazo, apunta a una mayor estabilidad a largo plazo.

En cifras, hasta septiembre, la regularización ha aportado 83.049 afiliados, de los cuales casi un 30% ya ha encontrado empleo. La estrategia del Govern se centra en consolidar esta tendencia y en promover políticas que aseguren una prosperidad compartida, en un escenario donde Catalunya lidera la creación de empleo en el conjunto del Estado.

Desde una perspectiva política, estos datos refuerzan la narrativa del Govern sobre la fortaleza del mercado laboral catalán y su papel en la economía española. La gestión de la regularización y su impacto en las cifras de afiliación son elementos clave en el debate sobre integración y crecimiento económico en la comunidad autónoma.

De cara al futuro, se espera que estas políticas y procesos continúen favoreciendo la recuperación y sostenibilidad del mercado laboral catalán. La regularización, además de su impacto económico, plantea también desafíos en la gestión social y en la política migratoria, que seguirán siendo objeto de análisis y debate en los ámbitos institucionales y sociales.

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