Cinco exconsejeros demandan por el inminente riesgo de pérdida de las obras de Sijena.
BARCELONA, 24 de marzo. En un giro significativo de los acontecimientos culturales, cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han decidido presentar esta semana una querella en relación con el controvertido traslado de las pinturas murales de Sijena desde el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) hacia el Monasterio de Santa María de Sijena, en Huesca. Este grupo destaca que la medida representa un riesgo inminente de deterioro y posible destrucción de dichas obras de arte.
La acción judicial fue presentada por el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en representación de los exresponsables de Cultura: Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borrás y Àngels Ponsa. La querella está dirigida contra la juez actuante y los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, quienes previamente habían solicitado la ejecución de la sentencia que ordena el traslado.
Los exconsellers sostienen que, aunque ya no ocupan sus antiguos cargos, aún tienen responsabilidades en la salvaguarda del patrimonio cultural de Catalunya, especialmente en lo que se refiere a los Bienes de Interés Cultural (BIC). Argumentan que, de llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, se cometería una grave alteración o "destrucción" de un BIC, un riesgo ya señalado por diversos especialistas en la materia, lo que podría implicar responsabilidades penales por delitos de prevaricación y violación de la protección del patrimonio histórico.
El documento legal ha sido presentado ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En él se argumenta que la orden de ejecutar la sentencia emitida por un juzgado de Huesca podría llevar, ineludiblemente, a la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, tal y como establece el Código Penal español.
Se enfatiza que las pinturas de Sijena gozan de una protección excepcional, superando otros derechos legales, incluyendo el de ejecutar una sentencia si tal acción resulta en la consumación de un delito. Este punto refuerza su postura, ya que insisten en que, a pesar de los informes técnicos que advierten sobre el "peligro seguro de deterioro o destrucción de las obras", la intención de traslado sugiere un desprecio por las evidencias presentadas.
Por todo lo expuesto, los exconsellers solicitan la realización de varias diligencias, que incluyen el interrogatorio de los implicados en la querella y medidas cautelares que frenen la ejecución de la sentencia: "Consideramos que es fundamental y lógico que se detenga la ejecución de una sentencia que podría ocasionar gravísimos daños patrimoniales", concluyen.