Colau pide la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda
Ada Colau pide la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda (69 muertos), su segundo siniestro grave en diez meses en la alta velocidad.
La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, reclamó este viernes en Barcelona la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Según indicó, la petición debería hacerse efectiva «lo antes posible». El planteamiento llega tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos.
Colau trasladó su demanda a Moncloa. Argumenta que el país ha sufrido un segundo accidente grave en la red ferroviaria en menos de un año y que la confianza ciudadana en el sistema se ha resentido. Por ello, considera que deben asumirse responsabilidades políticas, y no únicamente técnicas.
Puente rechazó dimitir. El ministro sostuvo que su forma de asumir responsabilidades consiste en dar la cara ante la opinión pública, y aseguró que el presidente Pedro Sánchez no le ha pedido la renuncia.
El contexto es el del accidente de Adamuz, ocurrido hace diez meses. Colau recordó que entonces ya se advirtió de que una tragedia así no debía repetirse. Para la candidata, la reacción del Gobierno debe ir más allá de la explicación técnica y traducirse en una respuesta política rápida, que permita recuperar la confianza en la alta velocidad.
La dirigente también criticó el tono empleado por el ministro en su comparecencia de esta mañana. Consideró que se extendió en detalles técnicos cuando la investigación del siniestro aún está en curso, y que los posibles errores, técnicos o humanos, deben esclarecerse con el tiempo necesario. En este sentido, subrayó que el objetivo no es señalar culpables y rechazó de forma explícita atribuir la responsabilidad a los trabajadores.
Más allá del caso concreto, la polémica refleja la presión política sobre el Ministerio de Transportes en plena precampaña electoral. La demanda de dimisión sitúa el debate entre la rendición de cuentas inmediata y el respeto a los plazos de la investigación judicial y técnica, un equilibrio que probablemente marcará la agenda parlamentaria en las próximas semanas.