Delgado (Frente Amplio) exige la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda
Emilio Delgado exige la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda y reclama inversión y un debate sobre el sistema ferroviario.
El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, reclama la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La petición llega después de que la candidata de la formación por Barcelona, Ada Colau, hiciera el mismo planteamiento. Delgado la considera un paso inicial e insuficiente.
El dirigente la presentó en Barcelona, junto a los candidatos número 3 y 4 de la lista Comuns-Front Ampli por la circunscripción catalana, Júlia Miralles y Andrés García Berrio. Según Delgado, la sucesión de dos accidentes graves en el mismo año, el de Adamuz (Córdoba) y el de Urda, es inaceptable y exige una revisión profunda del sistema.
En el fondo del debate hay una cuestión de responsabilidades. Delgado rechaza que la culpa recaiga sobre los trabajadores, a quienes atribuye jornadas de hasta doce horas. Señala, en cambio, un aumento notable de la carga de trabajo: los operadores de Adif que supervisan el tráfico habrían pasado de gestionar unos quince trenes simultáneos a un máximo de cuarenta en apenas seis años.
Delgado sitúa esta situación en una herencia más larga. Atribuye los problemas a los recortes y a la desinversión de anteriores gobiernos del Partido Popular, así como a una liberalización ferroviaria que, a su juicio, se llevó a cabo sin la preparación necesaria y que ha añadido presión sobre las infraestructuras y sobre el personal.
Las implicaciones van más allá de la figura del ministro. Delgado defiende que hace falta recuperar la confianza en el servicio público ferroviario mediante inversión, reestructuración de plantillas y más recursos materiales y humanos, y rechaza que la solución pase por recortes o sacrificios. También se ha pronunciado sobre la posibilidad, planteada por el propio Puente, de interrumpir la alta velocidad entre Madrid y Barcelona para ejecutar obras, una medida que, según el dirigente, confirma la necesidad de replantear el sistema en profundidad.
El caso sitúa al Gobierno ante una presión creciente sobre la gestión ferroviaria en plena precampaña electoral. La cuestión que queda abierta es si el debate derivará en cambios en la política de inversión y en la organización de Adif, o si se limitará a la disputa sobre responsabilidades políticas.