El Govern cierra la gestión de prestaciones a extutelados sin licitación futura
El Ejecutivo catalán ha anunciado que, a partir del 31 de diciembre, no volverá a licitar la gestión de prestaciones para jóvenes extutelados. La decisión afecta directamente a la externalización de estos servicios, que en la actualidad son gestionados por la Unión Temporal de Empresas Resilis Mercè Fontanilles. La medida forma parte de un cambio en el modelo que apuesta por la gestión pública y la utilización de datos automáticos para supervisar las prestaciones.
Este cambio responde a la renovación de la estructura de atención a la infancia en Cataluña, que ha pasado de un modelo reactivo a uno más riguroso y controlado. La Generalitat ha destacado la incorporación de sistemas semiautomáticos que permiten cruzar datos laborales y económicos de los beneficiarios, eliminando así pagos indebidos y reforzando la supervisión. Además, la Generalitat ha anunciado que asumirá directamente el acompañamiento socioeducativo de estos jóvenes.
Desde la perspectiva política, la decisión refleja una estrategia de mayor control y eficiencia en el gasto público, en un contexto de tensión presupuestaria y demandas crecientes en materia de protección infantil. La Generalitat ha incrementado en un 17% su plantilla en el área de Derechos Sociales y ha anunciado presupuestos que suman 111 millones de euros adicionales para 2026, en un intento de reforzar el sistema.
Este movimiento también responde a las críticas sobre la gestión anterior, marcada por deficiencias y pagos indebidos. La administración catalana busca, además, reducir la externalización de servicios y aumentar la capacidad de gestión propia. La perspectiva a futuro apunta hacia una mayor integración de recursos y una gestión más transparente, con un sistema de control más riguroso y datos en tiempo real.
La decisión tiene implicaciones en el largo plazo, pues podría sentar precedente para la gestión de otros programas sociales en Cataluña. La continuidad del modelo dependerá del éxito en la consolidación de los recursos propios y en la eficiencia de los nuevos sistemas de control, en un contexto de mayor autonomía administrativa y política en la gestión social.