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Viernes, 30 de octubre de 2026 Edición Cataluña · Red Crónica
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Govern y Comuns no logran acordar la ley contra la compra especulativa de vivienda

Govern y Comuns no logran pactar la ley contra la compra especulativa de vivienda y presentarán enmiendas por separado tras el dictamen del CGE.

Redacción · Crónica Cataluña 2 min de lectura

El Govern y los Comuns no han conseguido pactar las modificaciones a la proposición de ley que limita la compra especulativa de vivienda en Cataluña. Ambos grupos presentarán enmiendas por separado antes del vencimiento del plazo, previsto para este viernes, lo que pone en riesgo la tramitación de la norma.

La proposición fue cuestionada por el Consell de Garanties Estatutàries en agosto, que la consideró contraria a derechos constitucionales como la propiedad privada, la herencia y la libertad de empresa. El órgano también advirtió de falta de seguridad jurídica y de posibles invasiones de competencias estatales.

Los Comuns anunciaron que propondrán sus propias enmiendas para reforzar la constitucionalidad del texto. Entre ellas, distinguen entre pequeño tenedor, con hasta cuatro viviendas, y gran tenedor, desde cinco, y limitan la afectación de las herencias solo a los grandes tenedores.

El PSC-Units, por su parte, defiende mantener el objetivo de evitar la especulación, pero sin prohibir la compra. Su propuesta pasa por exigir que las viviendas adquiridas se destinen a residencia habitual y permanente, una fórmula que considera más viable jurídicamente.

La situación tiene una dimensión política relevante. La limitación de la compra especulativa fue una condición de los Comuns para apoyar los Presupuestos de la Generalitat pactados con el PSC, y el acuerdo fue reforzado después con ERC. Sin embargo, este último socio aún no ha cerrado posición sobre la cuestión.

Si no hay un acuerdo de última hora, la norma podría decaer en el Parlament, dado que necesita el respaldo de los socialistas y de ERC para salir adelante. Durante la ponencia aún existe margen para negociar, lo que convierte las próximas semanas en decisivas para el futuro de una de las medidas más sensibles en materia de vivienda.

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