La Generalitat se persona contra los disturbios de Barcelona con 130 detenidos

La Generalitat se personará como acusación particular por los disturbios registrados en Barcelona el sábado, que dejaron 130 detenidos, daños en el espacio público y saqueos en una treintena de establecimientos. Así lo anunció la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras un acuerdo aprobado por el Consell Executiu.

El Govern ha encargado a su Gabinete Jurídico iniciar las actuaciones necesarias para defender los intereses de la administración por los daños materiales y personales. La Generalitat también asumirá la representación y la defensa jurídica de los Mossos d'Esquadra y del resto de personal público afectado. Además, el ejecutivo contempla la posibilidad de ejercer la acusación popular siempre que se cumplan los requisitos legales.

Entre los detenidos hay 76 menores de edad. Según la portavoz, la Fiscalía de Menores ya ha iniciado actuaciones y se estudia la responsabilidad de los padres y tutores legales. Paneque ha expresado la voluntad del Govern de que el juez pueda moderar dichas responsabilidades de los adultos.

Los disturbios, según el Ejecutivo, no están vinculados a ninguna protesta ni reivindicación previa, algo inédito en Cataluña. La consellera los ha comparado con episodios similares registrados en otros países europeos, como Francia. La Policía catalana ha identificado a 300 personas y sigue investigando quién estuvo detrás de las convocatorias, un proceso que, según el Govern, requerirá tiempo.

El debate se extiende también a las plataformas de mensajería utilizadas para organizar los hechos. Paneque sostiene que estos canales no pueden funcionar como espacios de impunidad y ha anunciado que el Govern podría instar a la Unión Europea a impulsar una regulación más estricta. Los Mossos colaboran en el cierre de algunos grupos en Telegram, aunque el Ejecutivo pide prudencia para no interferir en la investigación.

En el plano político, Paneque ha advertido de que no conviene utilizar este asunto con fines electorales. Ha rechazado las acusaciones del PP y la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de endurecer las penas por actos vandálicos, al considerarlas infundadas y no consensuadas. El caso refleja la tensión entre la respuesta penal inmediata y el debate de fondo sobre la prevención y la regulación digital de la convocatoria de disturbios.