Qué hay detrás de los 513 episodios de violencia machista contra funcionarias de prisiones en Catalunya

Catalunya ha registrado 513 episodios de violencia machista contra funcionarias de prisiones desde enero de 2022 hasta septiembre de 2026, según el informe 'Forat lila a les presons', elaborado por la asociación Marea Blava a partir de datos de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática. La cifra incluye 211 conductas sexistas, 58 casos de exhibicionismo, 51 agresiones sexuales físicas y 192 episodios de violencia sexual verbal.

En los nueve primeros meses de 2026 se han contabilizado 95 episodios de este tipo. Los internos jóvenes, de hasta 24 años, representan el 9,6% de la población penitenciaria catalana, pero registran una tasa de episodios tres veces superior a la de los adultos y son responsables del 35,2% de los casos de los últimos cinco años.

Marea Blava considera la cifra «escandalosa» y sostiene que podría ser mayor. Según la entidad, no todas las conductas machistas quedan reflejadas en los atestados, ya sea porque se integran en conflictos más graves, por errores de registro o por la desconfianza hacia el sistema y la sensación de vergüenza que sienten las víctimas.

El debate sobre la protección de las trabajadoras se centra en la falta de personal. Los protocolos prevén que los funcionarios actúen en parejas en determinadas situaciones, pero el sindicato CSIF reconoce que no hay plantilla suficiente para cumplirlo. UGT, por su parte, señala que la resistencia inicial a considerar estos hechos como agresiones proviene a veces de los propios mandos, en un cuerpo todavía muy masculinizado. Ambos sindicatos reclaman que todos los casos se notifiquen a los juzgados, que son quienes determinan si existe delito.

La Administración sostiene una postura diferente. El director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, afirma que las agresiones graves contra funcionarias representan el 25% del total, un porcentaje inferior al que afecta a sus compañeros hombres, y asegura que cualquier conducta machista recibe una respuesta disciplinaria «muy contundente». Según explica, estos episodios quedan registrados en las bases de datos, lo que permite establecer parejas de trabajo y revisar periódicamente esas medidas. También puede revisarse el régimen de vida de los internos y llegar, en casos graves o reiterados, al régimen cerrado.

El caso pone de relieve una tensión de fondo: la diferencia entre la protección formal, recogida en protocolos y directrices, y la aplicación real en centros con falta de personal. Además, el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad abre la discusión sobre cómo se tipifican y tramitan estas conductas. La evolución de las cifras en los próximos años y la capacidad de la Administración para aplicar los binomios de forma efectiva serán indicadores clave para valorar si las medidas anunciadas se traducen en una mejora real.