Salàs aboga por una ley catalana para proteger mejor a los alertadores de corrupción

El director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, ha solicitado una reforma legal para fortalecer la protección a los informantes de corrupción en Cataluña. La propuesta surge ante las deficiencias de la legislación estatal, que, según Salàs, no garantiza la seguridad ni la eficacia necesaria para los denunciantes. En su comparecencia en el Parlamento catalán, destacó que la ley actual limita las sanciones y no contempla medidas cautelares, además de no reconocer la figura del prealertador ni ofrecer protección económica adecuada. La normativa vigente también restringe la duración de la anonimidad a dos años, insuficiente en muchos casos. La propuesta de la Generalitat busca avanzar en estos aspectos, incluyendo la posibilidad de apoyo psicológico y el uso de inteligencia artificial en investigaciones. La iniciativa refleja un contexto político en el que la autonomía catalana impulsa su propio marco legal en materia de lucha contra la corrupción, ante la percepción de insuficiencias en la legislación estatal. La discusión en el Parlament se enmarca en un proceso de mayor autonomía legislativa y en una estrategia para reforzar la transparencia institucional. La perspectiva futura apunta a que, si la propuesta prospera, Cataluña podría contar con un marco más robusto para proteger a quienes denuncian irregularidades, fortaleciendo la lucha contra la corrupción en el ámbito público y privado.