El Gobierno espera que los decretos de vivienda sean convalidados en España para reforzar las políticas catalanas en un contexto de tensión legislativa.
La CUP pide en el DPG que la Generalitat exija competencias plenas en vivienda para legislar y proteger a los afectados, en un contexto de limitaciones legales.
Junts reclama competencias migratorias para Cataluña ante la crisis en Ceuta, argumentando que los efectos afectan directamente a la comunidad.
El CGE considera que la ley que limita compras especulativas de vivienda vulnera derechos constitucionales y competencias del Estado, en un contexto de tensiones políticas.
El Govern busca ampliar sus competencias en inmigración, un paso clave en su estrategia de mayor autonomía en políticas sociales y migratorias.
Som Habitatge denuncia ante el Síndic de Greuges que la ley de alquiler de temporada en Catalunya vulnera la Constitución y competencias estatales.