El CGE cuestiona la legalidad de limitar la compra de vivienda para frenar la especulación

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido un dictamen que considera que la propuesta legislativa para restringir compras especulativas de vivienda vulnera derechos constitucionales. La norma, promovida por los Comuns y acordada con el Govern, busca limitar compras en zonas tensionadas para evitar reventas rápidas o uso para alquileres turísticos.

Este dictamen responde a recursos presentados por los grupos parlamentarios de Junts y el PP, que cuestionan la constitucionalidad de la ley. El CGE señala que la propuesta vulnera derechos a la propiedad, la herencia y la libertad de empresa, además de afectar la seguridad jurídica y las competencias del Estado en materia civil.

El órgano también advierte sobre la falta de certeza y previsibilidad en la norma, así como la posible invasión de competencias estatales sobre obligaciones contractuales. La ley deja en manos de los ayuntamientos la aplicación de estas restricciones, lo que genera incertidumbre jurídica.

En cuanto a la tramitación parlamentaria, el CGE recomienda garantizar la participación de los entes locales y entidades representativas en el proceso, pues la ley en su forma actual podría vulnerar principios de participación democrática y competencia legislativa.

Este pronunciamiento del CGE se produce en un contexto político marcado por tensiones entre los gobiernos autonómicos y el Estado, especialmente en temas de competencia y potestades legislativas. La ley, si se mantiene, podría enfrentarse a futuros recursos judiciales o a una revisión en instancias superiores.

De cara al futuro, la tramitación de la norma y las decisiones del Gobierno catalán respecto a esta iniciativa serán determinantes. La controversia refleja la tensión entre la necesidad de regular el mercado inmobiliario y la protección de derechos constitucionales y competencias estatales.