Illa defiende que los gobiernos deben poner límites a la especulación en vivienda para garantizar el acceso y proteger a las personas vulnerables, en un contexto de crisis social.
El dictamen del CGE cuestiona la constitucionalidad de la ley para limitar compras especulativas en Cataluña, en un contexto de tensión en el mercado inmobiliario.
El CGE considera que la ley que limita compras especulativas de vivienda vulnera derechos constitucionales y competencias del Estado, en un contexto de tensiones políticas.
El Parlament aprueba tramitar por lectura única una ley para limitar la compra especulativa en zonas tensionadas, en medio de desacuerdos políticos.