Vox acusa al Gobierno de filtrar audios del accidente de Urda y rechaza haber politizado el duelo
Vox acusa al Gobierno de filtrar audios previos al accidente ferroviario de Urda y rechaza haber politizado el duelo en plena precampaña electoral.
El cabeza de lista de Vox por Barcelona al Congreso, Juanjo Aizcorbe, acusó este jueves al Gobierno de filtrar los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas previos al accidente ferroviario de Urda (Toledo). En una rueda de prensa en Barcelona, el dirigente negó haber politizado el duelo por las víctimas, pese a que mantuvo sus actos electorales durante los tres días de luto decretados, a diferencia del resto de formaciones.
El contexto es especialmente sensible. Según la información disponible, todavía no se han recuperado todos los restos de las víctimas, entre ellas la exministra de Empleo Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes siniestrados y continúa desaparecida. Aizcorbe recordó que había coincidido con ella en la misma parroquia, un detalle que ilustra la dimensión personal que el suceso tiene para parte del espectro político.
La polémica se produce en plena precampaña y tras las declaraciones del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, quien calificó de inasumible que se hayan producido dos accidentes ferroviarios graves en un mismo año. Aizcorbe respondió que lo verdaderamente inasumible sería que el responsable no dejara la candidatura y se pusiera a disposición judicial para rendir cuentas.
En el plano político, el debate gira en torno a dos cuestiones: la responsabilidad de la gestión ferroviaria y los límites de la confrontación electoral en situaciones de duelo. El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, sostuvo que el siniestro no es una fatalidad ni un simple error humano, sino una cadena de negligencias atribuible a la dejadez y la corrupción del Ejecutivo. Son acusaciones que, por ahora, no han sido verificadas por ninguna instancia independiente.
La filtración de grabaciones de comunicaciones durante una investigación en curso plantea, además, un interrogante jurídico y ético: el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos y la protección de las víctimas, de sus familias y de la integridad de las pesquisas. Las conclusiones técnicas y judiciales sobre las causas del accidente serán determinantes para valorar las acusaciones cruzadas.
Mientras la investigación avanza, el episodio refleja cómo un accidente con víctimas mortales puede trasladarse rápidamente al terreno electoral. La clave en las próximas semanas será si el debate se centra en las responsabilidades documentadas y en las medidas de seguridad ferroviaria, o si la confrontación partidista acaba eclipsando la información verificable sobre lo ocurrido.